Imputan a reconocido inmobiliario por estafas por U$S 1.2 millones en la venta de terrenos

El fiscal del caso, Adrián de Lillo, presentó cargos contra R.F.F. por una serie de maniobras realizadas durante su gestión como encargado en la sucursal de Villa La Angostura de una conocida inmobiliaria con sede en Buenos Aires.

Durante una audiencia de formulación de cargos celebrada el viernes pasado, De Lillo también solicitó que el acusado permanezca detenido en prisión preventiva por cuatro meses, argumentando el riesgo de fuga. Además, pidió que el caso sea declarado como "causa compleja" debido a la diversidad de hechos y víctimas involucradas, solicitando un año para concluir la investigación.

El fiscal describió que el imputado llevó a cabo un total de 45 maniobras entre agosto de 2017 y diciembre de 2023, ocasionando un perjuicio de aproximadamente 1.200.000 dólares o 1.200.000.000 de pesos. Estas estafas se realizaron mediante tres modalidades diferentes:

1. Ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, utilizando nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes ya vendidos.
2. Plasmación en un boleto de compraventa de nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.
3. Venta de unidades funcionales de las cuales el acusado no era propietario ni tenía poder para llevar a cabo las operaciones de venta.

Estas acciones se llevaron a cabo aprovechando la reputación y los recursos de la inmobiliaria para la cual trabajaba, así como su posición como agente inmobiliario reconocido en la zona.

El delito atribuido a R.F.F. por De Lillo es el de estafas reiteradas en 45 hechos, todos en concurso real entre sí y en calidad de autor (artículos 172, 45 y 55 del Código Penal).

Los abogados querellantes particulares que representan a las víctimas respaldaron el pedido de la fiscalía e incluso solicitaron la inhibición general de bienes del acusado en los registros de la propiedad inmueble provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, así como en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de Yates y Embarcaciones.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Ignacio Pombo aceptó los cargos formulados contra el imputado por De Lillo y declaró el caso como "causa compleja", fijando un plazo de seis meses para concluir la investigación preliminar. En cuanto a la prisión preventiva, el magistrado avaló la medida por un plazo menor al solicitado: 7 días. Además, dictó la inhibición general de bienes del imputado en los registros correspondientes.

Fuente: MPF Neuquén