Intiman al Intendente a declarar la emergencia cloacal y a frenar el Plan de Ordenamiento Territorial

Una presentación administrativa ingresada este lunes en la Municipalidad reclama que se declare la emergencia ambiental y sanitaria del sistema cloacal, y que se suspenda el trámite del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial mientras las plantas depuradoras sigan volcando líquidos sin tratar a los arroyos Pocahullo y Calbuco.

San Martín de los Andes, 18 de mayo de 2026. El Intendente recibió este lunes una intimación administrativa para que dicte, por decreto ad referéndum del Concejo Deliberante, la emergencia ambiental y sanitaria del sistema cloacal urbano. La presentación pide, en el mismo acto, suspender el avance del nuevo Código Urbanístico y del Plan de Ordenamiento Territorial mientras el saneamiento siga colapsado.

El reclamo se apoya en un informe del 12 de mayo firmado por el Presidente de la Cooperativa de Agua Potable. Ese informe reconoce que las dos plantas urbanas —PTE-1, en el Lago Lácar, y PTE-3, en Vega Chica— operan al límite de su capacidad con equipos instalados en 1996, y que los tres planes de ampliación elaborados desde entonces —2008, 2018 y 2028— nunca se concretaron. Actualmente no existen obras adjudicadas ni trabajos en ejecución.

Según el informe, solo en marzo de este año la PTE-1 descargó un promedio de 1.589 metros cúbicos diarios de líquidos sin tratar al arroyo Pocahullo, que desemboca en el Lago Lácar. En paralelo, la PTE-3 vuelca efluentes crudos al arroyo Calbuco por carecer de sistema de pretratamiento.

La presentación diferencia ambos escenarios: mientras que en la PTE-3 las descargas forman parte de un problema estructural, en la PTE-1 los vuelcos se producen por saturación y eventos de bypass, situación agravada desde fines de 2025 tras la pérdida del grupo electrógeno de respaldo. Según advierte el escrito, un corte de energía podría derivar en un vuelco directo al Lago Lácar.

El documento también sostiene que el déficit en la infraestructura de tratamiento de barros supera el 80% de lo previsto por el propio Plan de Gestión Ambiental Municipal, y que numerosos barrios y sectores de mallín no cuentan con factibilidad cloacal.

“La descarga de efluentes cloacales sin tratamiento en pleno ejido urbano dejó de ser una preocupación ambiental abstracta para convertirse en un riesgo sanitario directo y concreto para toda la población y el turismo”, señala la presentación.

En ese contexto, la intimación invoca el artículo 24 de la Carta Orgánica Municipal, que ordena el cese de toda actividad que implique daño ambiental actual o inminente, y exige medidas concretas: la reposición inmediata del grupo electrógeno de la PTE-1 y la suspensión del otorgamiento de nuevas factibilidades cloacales y aprobaciones urbanísticas mientras no existan obras de ampliación con financiamiento y cronograma de ejecución.

“El Municipio no puede seguir otorgando por vía de excepción factibilidades para desarrollos inmobiliarios y densificación urbana que el sistema técnico actual es materialmente incapaz de procesar”, afirma el texto.

La presentación también cuestiona el avance del nuevo Código Urbanístico y del Plan de Ordenamiento Territorial en medio del colapso del sistema cloacal de la ciudad.

Además, solicita la creación de un régimen de control permanente sobre el sistema, con auditorías técnicas externas, publicación mensual online de los vuelcos y eventos de bypass, monitoreos independientes y una mesa técnica de seguimiento integrada por vecinos, organizaciones y la Defensoría del Pueblo y del Ambiente.

Copias del escrito fueron remitidas al Honorable Concejo Deliberante, a la Defensoría del Pueblo y del Ambiente y a la Contraloría Municipal. La presentación anticipa que, en caso de no obtener una respuesta fundada dentro de los plazos legales, se evaluará impulsar acciones judiciales ambientales, amparos y denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público.