Impulsan un sistema provincial de denuncias anónimas contra la corrupción

Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un mecanismo provincial destinado a recibir denuncias vinculadas a hechos de corrupción, garantizando la reserva de identidad de quienes aporten información y la confidencialidad de los datos brindados.

La iniciativa fue presentada por los particulares Alfredo Cury y Juan Cardozo y contempla la puesta en marcha de distintos canales de contacto para realizar denuncias: una línea telefónica gratuita 0800, un correo electrónico oficial, formularios digitales disponibles en un sitio web y también una aplicación móvil.

Según el texto, el servicio telefónico deberá estar operativo durante las 24 horas y accesible desde cualquier lugar de la provincia. En horario diurno, la atención sería realizada por personal específico, mientras que durante la noche se utilizaría un sistema automatizado para registrar mensajes y datos aportados por los denunciantes.

El proyecto también habilita otras modalidades para presentar información, como la entrega presencial de documentación en oficinas habilitadas por la autoridad competente o mediante envío postal.

En cuanto al alcance de las denuncias, la propuesta incluye delitos vinculados a la administración pública contemplados en el Código Penal, entre ellos cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado. A su vez, incorpora posibles irregularidades relacionadas con licitaciones, ejecución de obras públicas, prestación de servicios, manejo de subsidios y programas sociales, además de situaciones que impliquen incompatibilidades o faltas a la ética pública.

Otro de los puntos previstos establece que la autoridad de aplicación tendrá un plazo máximo de 72 horas para evaluar la información recibida y definir si la denuncia resulta admisible. En caso de considerarla válida, deberá remitirla a los organismos correspondientes, como el Ministerio Público Fiscal, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas o municipios, para que continúe el proceso administrativo o judicial.

En los fundamentos del proyecto, los autores sostienen que muchas situaciones de corrupción no se denuncian por falta de mecanismos seguros y confiables que protejan a quienes aportan información. En ese sentido, remarcan que el temor a represalias suele convertirse en una barrera para la detección temprana de este tipo de hechos.