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Santiago Fernández explicó cómo sigue el proceso de juicio político a Saloniti
También se refirió a la situación financiera del municipio, los cuestionamientos por el pago de servicios al EPEN y al deterioro de la infraestructura urbana.
El proceso iniciado a partir del pedido de juicio político contra el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, tendrá una instancia clave el próximo 3 de septiembre a las 9 de la mañana, cuando el jefe comunal se presente ante el Concejo Deliberante para ejercer su derecho a defensa.
El concejal de Unión por la Patria, Santiago Fernández, explicó que el procedimiento contempla una serie de etapas y aclaró que la presentación del intendente ante el cuerpo legislativo no significa que el juicio político ya haya sido iniciado ni que exista una decisión sobre su eventual desplazamiento.
Según detalló Fernández, el proceso comienza con una denuncia. Luego, el Concejo Deliberante debe evaluar si existen méritos suficientes para admitirla. En este caso, los concejales resolvieron por unanimidad avanzar con una sesión especial, que constituye la instancia en la que el intendente podrá realizar su descargo.
Cinco etapas previstas
Fernández explicó que, de manera didáctica, el mecanismo puede dividirse en cinco pasos: la presentación de la denuncia, su admisión por parte del Concejo Deliberante, la sesión especial para que el denunciado ejerza su defensa, la evaluación posterior de los concejales y, eventualmente, la conformación de las salas investigadora y juzgadora.
Si después de la defensa del intendente el Concejo determina que existen méritos para avanzar, se requiere una mayoría de ocho votos para iniciar formalmente el procedimiento de juicio político.
A partir de allí se conformarían dos instancias: una Sala Investigadora, integrada por cinco concejales, y una Sala Juzgadora, integrada por seis. Fernández explicó que forma parte de esta última y que no interviene en la etapa de investigación, sino que evalúa posteriormente lo producido por la sala investigadora.
En caso de avanzar el proceso, la Sala Investigadora tendría un plazo de hasta 30 días hábiles, mientras que la Sala Juzgadora dispondría de hasta 15 días hábiles para su intervención.
Una sesión que deberá garantizar el derecho a defensa
Fernández remarcó que la sesión del 3 de septiembre constituye, fundamentalmente, una instancia de defensa del intendente y consideró que debe desarrollarse bajo condiciones de respeto.
La sesión será abierta al público y, según indicó el concejal, las sesiones del Concejo Deliberante son transmitidas y quedan registradas en el canal oficial.
“El principio de defensa es sagrado en la Constitución”, sostuvo Fernández, al remarcar que, independientemente de las diferencias políticas, el intendente debe contar con las condiciones necesarias para realizar su descargo.
El concejal también hizo referencia a los incidentes registrados días atrás en las inmediaciones del Concejo Deliberante y señaló que, si se repitieran situaciones de insultos, golpes o interrupciones, debería evaluarse el desalojo de la sala para garantizar el normal desarrollo de la sesión.
Los cuestionamientos planteados
El pedido de juicio político presentado por la vecina Valeria López Oronoz incluye distintos cuestionamientos vinculados, entre otros aspectos, con la situación del sistema cloacal y el tratamiento de efluentes, cuestiones ambientales, administrativas y financieras, el cumplimiento de fallos y determinados procedimientos municipales.
Fernández señaló que algunos de los planteos, a su entender, presentan errores o están formulados de manera incorrecta, aunque sostuvo que será el proceso institucional el que determine cuáles son los aspectos que deben ser investigados.
También mencionó que durante la misma semana se presentó otro pedido de juicio político, impulsado por Fabián Sepúlveda, que finalmente fue desestimado por el Concejo Deliberante debido a errores y fragilidades en su presentación.
El crecimiento de la ciudad y los recursos municipales
Durante la entrevista, Fernández vinculó parte de los problemas actuales de San Martín de los Andes con el crecimiento poblacional y la falta de actualización de los recursos que recibe el municipio por coparticipación.
Según explicó, la ciudad habría incrementado su población a un ritmo superior al promedio provincial y nacional, mientras que continúa recibiendo un porcentaje de coparticipación que considera desactualizado.
A esto sumó las características geográficas y urbanas de San Martín de los Andes, con una ciudad extendida y altos costos de mantenimiento.
“El 75% de sus calles son de ripio”, señaló Fernández, al referirse a una de las problemáticas estructurales que enfrenta la ciudad.
Para el concejal, además de las cuestiones estructurales existen problemas directamente vinculados con la gestión municipal y una creciente sensación de malestar entre los vecinos.
La deuda con el EPEN y el pago de medidores
Otro de los puntos abordados fue la situación relacionada con el EPEN y los medidores de energía eléctrica que el municipio habría estado abonando pese a corresponder a otras instituciones o particulares.
Fernández consideró que el municipio debe revisar la información, determinar el origen de la deuda y establecer con precisión qué consumos corresponden efectivamente a la administración municipal.
Estimó que se trataría de una erogación cercana a 100 millones de pesos mensuales en consumos que, según los casos mencionados, no corresponderían al municipio.
También sostuvo que el Estado municipal podría contar con herramientas legales para reclamar los montos abonados indebidamente y planteó que, en algunos casos, podría acordarse la compensación mediante obras para la ciudad.
Respecto del local de A.T. ubicado sobre calle Villegas, Fernández afirmó que, según la información difundida por la Contraloría Municipal, los servicios serían abonados por el municipio y consideró que, si no existe un convenio que lo justifique, esa situación debería ser revisada.
“Un momento bravo para San Martín de los Andes”
Fernández consideró que la ciudad atraviesa una situación compleja, producto de una combinación de problemas estructurales, dificultades de gestión y un creciente malestar social.
Al mismo tiempo, destacó la necesidad de que el municipio fortalezca su capacidad de gestión y elaboración de proyectos para acceder a programas de financiamiento y aprovechar las inversiones que impulsa el Gobierno provincial.
En ese contexto, la sesión especial del 3 de septiembre se presenta como una instancia inédita para la ciudad: por primera vez, el Concejo Deliberante deberá escuchar formalmente la defensa de un intendente ante un pedido de juicio político que logró superar la etapa inicial de admisión.
Recién después de esa exposición los concejales deberán evaluar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un proceso de juicio político, que eventualmente podría derivar en la conformación de las salas investigadora y juzgadora.
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