Fernández: “Hay cosas que están mal, pero no justifican desplazar al intendente”

El concejal de Unión por la Patria, Santiago Fernández, analizó el resultado de la sesión especial del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, en la que por 7 votos contra 4 se decidió desestimar el pedido de juicio político presentado por la vecina Valeria López Oronoz contra el intendente Carlos Saloniti.

Fernández reconoció que el clima de los últimos días estuvo atravesado por “mucha tensión” y cuestionó especialmente las expresiones descalificatorias que, según sostuvo, acompañaron el debate público sobre el proceso.

“Creo que cuando como sociedad atravesamos el debate público sobre las cosas comunes con términos descalificatorios, que terminan siendo estigmatizantes, se deshumaniza al otro”, planteó.

En ese sentido, defendió su propia posición y aseguró que su análisis estuvo centrado en los hechos denunciados y en la documentación incorporada al expediente. “Yo soy una persona honesta, no participo de ninguna cosa extraña y lo que me dediqué a analizar fue lo que se denunciaba, lo que decía el intendente y, sobre todo, la responsabilidad extrema de lo que se estaba planteando de manera inédita en San Martín”, afirmó.

“Hay que centrarnos en lo denunciado”

Fernández explicó que, a su entender, el juicio político no podía convertirse en una discusión atravesada por las simpatías o antipatías políticas.

Para graficar su postura, recordó durante la entrevista el planteo de Alexander Hamilton sobre los riesgos de que un proceso de juicio político quede condicionado por intereses partidarios o sectoriales.

“Capaz que no nos ponemos de acuerdo finalmente, pero por lo menos uno entiende la lógica a la que responde el otro. Eso es vivir en sociedad”, señaló.

El concejal sostuvo que existen cuestionamientos concretos a la gestión municipal que deben ser atendidos, pero diferenció esos errores de las causales que, a su criterio, justificarían la destitución de un intendente.

“No nos gusta lo que hace un intendente y eso es suficiente como para desplazarlo del cargo”, sostuvo, y agregó que Saloniti “tiene que terminar su gobierno, hacerse cargo y modificar y corregir” aquello que está mal.

“Hay cosas que están mal y el intendente tiene que corregirlas”

Fernández remarcó que su voto en contra de avanzar con el juicio político no significó una defensa irrestricta de la gestión municipal.

Por el contrario, señaló que existen situaciones que calificó como “recontra cuestionables” y que deberían generar correcciones dentro del Ejecutivo.

Entre ellas mencionó el manejo de la deuda con el EPEN. Según explicó, la deuda estaba registrada dentro de la denominada deuda flotante municipal, pero cuestionó que no se haya advertido oportunamente al intendente sobre el crecimiento de ese compromiso.

“El error del gobierno municipal es que eso se informaba como toda la deuda flotante. El intendente lo que mencionó ayer es que desde el año pasado se venía percibiendo que el incremento del valor del punto de luz venía generando un desfasaje respecto de la recaudación”, explicó.

Y planteó una pregunta sobre las responsabilidades dentro del Ejecutivo: “Señor intendente, usted tenía conocimiento o no tenía conocimiento. Porque si su secretario no lo puso en conocimiento de esta situación, entonces díganos quién es el responsable”.

Para Fernández, la existencia de funcionarios con responsabilidades específicas implica que también deben existir mecanismos de control y seguimiento. “El intendente está discutiendo con un ministro, llegan a un acuerdo y después eso baja a un secretario, que es el que se tiene que encargar de hacer la cosa. Tiene que delegar responsabilidades”, afirmó.

La situación del EPEN y la necesidad de transparentar la información

El concejal consideró que el corte de energía en el edificio municipal fue un hecho que permitió que la comunidad tomara conocimiento de una deuda que, según indicó, ya venía acumulándose.

“Nos enteramos de los millones que debemos porque nos cortaron la luz”, sintetizó.

A partir de allí, sostuvo que la ciudadanía necesita contar con canales efectivos para conocer este tipo de situaciones y recordó que existen distintos ámbitos institucionales para acceder a la información: el Concejo Deliberante, la Contraloría, la Defensoría y otros organismos de control, además de los medios de comunicación.

También hizo referencia a distintas situaciones vinculadas con medidores y suministros eléctricos que fueron mencionadas durante el debate. En algunos casos, explicó, hubo información que debió ser aclarada, mientras que en otros existirían situaciones que todavía deberían ser revisadas.

Sobre el inmueble donde funciona ATE, Fernández sostuvo que debe determinarse bajo qué figura se utiliza un espacio municipal.

“Si para que funcione tiene que haber un convenio, porque es un inmueble municipal, tiene que existir un convenio”, señaló, y consideró que si ese acuerdo existe debería ser informado públicamente.

“El malestar es absolutamente entendible”

Fernández reconoció que existe un fuerte malestar social con la situación de San Martín de los Andes.

“El malestar es generalizado. Hay muchos problemas en la ciudad”, admitió.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que ese descontento derive en una lógica de “que se vayan todos” o en la búsqueda de un supuesto salvador que pueda resolver rápidamente los problemas de la ciudad.

“Yo prefiero que no vayamos atrás de una fantasía, que seamos razonables”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que los últimos intendentes de San Martín de los Andes fueron elegidos con porcentajes que no alcanzaron una mayoría absoluta y que el Concejo Deliberante suele quedar conformado por representaciones diversas.

“Sería muy fácil, con un poco de mal humor y un par de denuncias que se presenten, sacar a los intendentes. ¿Queremos eso como instituciones de la democracia?”, preguntó.

El caso Chapelco como ejemplo de una corrección

Entre los casos que Fernández sí consideró graves mencionó el decreto relacionado con las obras en Chapelco.

Recordó que desde el Concejo Deliberante cuestionaron que el Ejecutivo avanzara mediante un decreto sobre facultades que, según sostuvo, no le correspondían al intendente.

“Nosotros nos anoticiamos de esto, le solicitamos que preventivamente lo suspenda porque usted lo que está haciendo acá extralimita sus facultades”, explicó.

Fernández destacó que posteriormente el intendente derogó el decreto y se conformó una mesa de trabajo con participación del Gobierno provincial, representantes de las comunidades originarias, concejales y funcionarios municipales.

“Si habrá sido grave toda esa situación que fue la primera vez en siete años que una sesión tuvo dos cuartos intermedios”, recordó.

Para el concejal, ese episodio demuestra que existen mecanismos institucionales para corregir decisiones cuando se detectan errores.

“Amarilla por el EPEN”

En el balance de la sesión, Fernández sintetizó su posición con una comparación futbolística: hay situaciones que merecen una advertencia, pero no necesariamente la expulsión.

“Amarilla por lo del EPEN”, resumió.

Y diferenció esos cuestionamientos de una causal que justifique el desplazamiento del intendente. “Hay muchas cosas que están mal. Ahora lo que tenemos que meritar es si esos malhumores fundados, errores, errores no forzados, errores de funcionarios, errores del intendente, van a generar que desplacemos un intendente”, planteó.

Su postura, aseguró, no implica negar los problemas de la gestión, sino establecer una diferencia entre corregir errores de gobierno y utilizar el juicio político como mecanismo de destitución.

“Analicemos lo denunciado y veamos cuánto de lo que se cuestiona justifica el desplazamiento de un intendente”, concluyó.