Nuevo Régimen Penal Juvenil
Desde hoy rige la baja de imputabilidad a los 14 años en todo el país
El nuevo Régimen Penal Juvenil reemplaza la normativa vigente desde 1980 y establece un sistema especial para adolescentes de 14 a 18 años. Contempla penas de hasta 15 años, medidas alternativas a la prisión, monitoreo electrónico y programas de educación y resocialización.
Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años y reemplaza el esquema vigente desde 1980.
La nueva normativa establece que las personas mayores de 14 años pueden ser imputadas por delitos previstos en el Código Penal, aunque quedan alcanzadas por un sistema especial que prioriza la educación, la reparación del daño y la reinserción social.
El régimen fija límites específicos para las sanciones. Los adolescentes no podrán recibir penas de prisión o reclusión perpetua y la pena privativa de libertad tendrá un máximo de 15 años. Además, se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena y verificadas las condiciones establecidas por el tribunal.
La ley también incorpora medidas alternativas a la privación de libertad, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño, reglas de conducta, amonestaciones formales y participación obligatoria en programas educativos y comunitarios. El monitoreo electrónico podrá utilizarse para controlar el cumplimiento de determinadas medidas.
En los casos en que se disponga una privación de libertad, los adolescentes deberán ser alojados en establecimientos especializados, con personal capacitado y separados de las personas adultas. También se contempla el alojamiento en institutos abiertos, unidades especializadas o, en determinadas circunstancias, bajo arresto domiciliario.
La normativa mantiene además la prohibición de difundir información que permita identificar a los menores involucrados en procesos penales y amplía la participación de las víctimas durante el proceso judicial.
La implementación del nuevo régimen plantea desafíos para las provincias y el sistema judicial, entre ellos la disponibilidad de jueces, equipos de supervisión y dispositivos de monitoreo electrónico. Para su puesta en marcha, el Congreso aprobó una partida de $23.739.155.303,08.
El nuevo esquema busca establecer una respuesta penal diferenciada para los adolescentes, combinando sanciones y controles con herramientas destinadas a la educación, la reparación y la reinserción social.
