Cambios en la justicia juvenil
Nuevo régimen penal juvenil: la pena máxima para adolescentes será de 15 años
El Gobierno promulgó la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años y establece que las penas de prisión para menores no podrán superar los 15 años. El sistema prioriza medidas educativas y de reinserción social.
El gobierno de Argentina promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil que establece cambios en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, entre ellos la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la fijación de un límite máximo de condena de prisión.
La normativa, identificada como Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil , determina que la pena máxima de privación de la libertad para personas menores de 18 años será de 15 años, incluso en casos donde la escalada penal para adultos sea mayor.
El texto también prohíbe la aplicación de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes. En su lugar, establece un sistema que combina sanciones judiciales con medidas educativas, laborales y de reinserción social.
Además, la ley establece que la privación de la libertad será una medida excepcional y podrá cumplirse en diferentes modalidades: arresto domiciliario, institutos abiertos o centros especializados para jóvenes, según lo determine el tribunal.
Otro de los puntos centrales es que, cuando el condenado adolescente cumpla dos tercios de la pena y se den las condiciones previstas en el Código Penal de la Nación Argentina para la libertad condicional, el juez podrá disponer que el resto de la condena se cumpla mediante otras medidas previstas en la ley.
El nuevo régimen también incorpora sanciones alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico y restricciones de acercamiento a la víctima.
Entre los aspectos más relevantes, la normativa deroga el sistema vigente desde 1980, establecido por la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad , y crea un esquema actualizado de justicia juvenil con mayor énfasis en la educación y la reinserción social.
La ley establece además que su implementación plena se realizará dentro de 180 días, plazo durante el cual el sistema judicial y los organismos involucrados deberán adaptar sus estructuras para aplicar el nuevo régimen.