“Tenemos la imagen de chantas en el mundo”: Jorge Fernández apuntó contra los ilícitos y la desidia de agentes municipales

La reciente desinstalación del sistema de vigilancia en la sede de El Molino, donde funciona el centro de día para jubilados, desató un fuerte cruce de versiones en San Martín de los Andes. En una visita cargada de definiciones, el Contralor Municipal, Jorge Fernández, reveló que los dispositivos habían sido fundamentales para documentar irregularidades internas antes de ser removidos por orden del Ejecutivo. “He visto las cámaras instaladas hace bastante tiempo, cámaras que detectaron hace seis, siete meses atrás a un empleado municipal que en un día no laboral entró y retiró del depósito bolsas con pollo”, denunció el funcionario de manera taxativa.

Fernández hizo hincapié en que la tecnología de los equipos no dejaba margen para la duda sobre la identidad de los implicados ni sobre la naturaleza del acto. “Hacés zoom y le podés contar la cantidad de dientes, una claridad absoluta”, detalló respecto a las pruebas obtenidas. Para el titular del órgano de control, la remoción de estas herramientas de vigilancia es un retroceso que vulnera la transparencia, sugiriendo que la efectividad de los equipos para exponer conductas deshonestas de los agentes públicos podría haber sido el motivo real detrás de la orden de desmantelamiento.

La crítica del Contralor no se limitó a este hecho puntual de robo, sino que se extendió hacia lo que describió como una conducta sistémica de desidia instalada en ciertos sectores de la administración estatal. “La Argentina es así y sabemos, a veces nos enojamos, a veces lo tomamos en solfa, de que tenemos la imagen de chantas en el mundo”, reflexionó Fernández con crudeza. En ese sentido, cuestionó la ética de quienes deben ejecutar las tareas diarias en el municipio: “¿Por qué hay una tendencia a hacerlo, lo atamos con alambre, y por lo total salió, después vemos?”.

Esta cultura de "lo atamos con alambre", según Fernández, se traduce directamente en la mala calidad de los servicios y las obras que recibe el vecino. El funcionario utilizó como ejemplo el deterioro de las calles para graficar la falta de rigor técnico y supervisión sobre el personal y los contratistas. “Vean lo que es el pavimento de la Avenida de los Lagos... en dos años estamos sacando tramos, no sé si han ido a ver, pero hay tramos de 60 a 70 metros que se levantó el hormigón”, señaló, advirtiendo que la falta de control sobre los procesos de trabajo termina dilapidando los recursos de la comunidad.

En este marco, el Contralor denunció una preocupante falta de respuesta por parte del Ejecutivo Municipal ante sus requerimientos técnicos. “Estoy pidiendo que se haga el estudio del pavimento de la calle Los Pinos, nadie me contesta, mensaje para el intendente, porque ya se lo he pedido”, disparó Fernández. Para el funcionario, este silencio administrativo es una forma de complicidad con la ineficiencia laboral: “Va a pasar lo mismo con Los Pinos y no hay forma de que el municipio parece que le interesa más defender los intereses del proveedor... que los intereses del municipio”.

El titular de la Contraloría manifestó su malestar por lo que percibe como una protección injustificada hacia quienes incumplen con sus deberes, ya sean proveedores externos o agentes de la propia planta municipal. “Yo defiendo los intereses de la comunidad y del municipio, y el proveedor, si entregó mal la mercadería, que lo haga de nuevo”, sentenció de manera tajante. Fernández insistió en que el rigor administrativo debe estar por encima de cualquier corporativismo o defensa de los trabajadores si los resultados de su labor atentan contra el patrimonio público.

La nota más amarga de este desorden en la gestión del personal la dan los adultos mayores, quienes ven sus espacios de contención paralizados mientras se resuelven estas disputas. “Hay muchos jubilados que tienen sus actividades que al día de hoy no comienzan y esa respuesta del por qué no comienza no la tenemos”, explicó Fernández, vinculando directamente la falta de control sobre los empleados y el retiro de la vigilancia con la ineficiencia en la prestación de servicios básicos para los sectores más vulnerables de la Vega San Martín.

Finalmente, Fernández reafirmó su postura de confrontar cualquier irregularidad, independientemente de la jerarquía o el sector involucrado. “Yo defiendo los intereses de la comunidad y del municipio”, concluyó, insistiendo en que la transparencia es incompatible con la tendencia de ocultar pruebas o defender a quienes "atan con alambre" las soluciones para la ciudad. Con sus declaraciones, el Contralor dejó en claro que la impunidad de los agentes municipales que actúan al margen de la norma es uno de los principales focos de conflicto que marcarán su gestión durante este año.