Impulsan la “Ley Joaquín” para que los arcos deportivos estén fijados al suelo

A poco más de un mes de la tragedia que conmovió a la región, los padres de Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que falleció tras la caída de un arco de fútbol, han decidido canalizar su duelo en una causa colectiva. El hecho ocurrió el pasado 5 de enero en las instalaciones del colegio Ceferino Namuncurá, en Junín de los Andes, donde el menor se encontraba de campamento con un grupo de exploradores. Según el relato de su familia y la investigación judicial, la estructura de metal cedió cuando el niño se colgó del travesaño, provocándole heridas letales en el tórax al no encontrarse anclada al suelo.

El accidente, que la fiscalía local investiga bajo la carátula de “homicidio culposo”, desnudó una falta de regulación alarmante en las instalaciones deportivas. Joaquín, un niño “dulce y solidario” que soñaba con ser youtuber, fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo de San Martín de los Andes, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su muerte encefálica. En medio del dolor, sus padres, Serena y Adrián, decidieron donar sus órganos, un acto de nobleza que permitió salvar la vida de cuatro niños.

Motivados por la necesidad de evitar que otras familias atraviesen el mismo vacío, impulsan ahora la denominada “Ley Joaquín”. Se trata de un proyecto de ley nacional que busca establecer la obligatoriedad de que todas las estructuras deportivas, como arcos de fútbol, hockey o aros de básquet, estén fijadas de manera permanente o mediante sistemas de contrapeso. “Esto era completamente evitable. Nuestra misión es que Joaquín sea el último y que esta ley salve vidas”, expresaron los padres, quienes ya han mantenido reuniones con legisladores nacionales para avanzar en la presentación del proyecto.

El proyecto de normativa contempla puntos estrictos de seguridad que incluyen no solo el anclaje obligatorio de estructuras que superen los 20 kilos, sino también la protección de superficies con materiales acolchonados para amortiguar impactos. Además, la ley propone que las instituciones, tanto públicas como privadas, deban someterse a inspecciones técnicas periódicas realizadas por profesionales matriculados que certifiquen la aptitud de las instalaciones. Aquellos establecimientos que no cumplan con la norma en un plazo de un año podrían enfrentar severas multas y sanciones.

La urgencia del pedido se respalda en estadísticas preocupantes: según revelaron los impulsores del proyecto, durante 2025 ya se registraron cinco casos similares en el país, sumándose a una lista de víctimas fatales que se repite año tras año por causas idénticas. La campaña, que ya tiene presencia en redes sociales bajo el nombre de “Ley Joaquín”, busca visibilizar estos antecedentes para que la iniciativa sea tratada con celeridad en el Congreso, despojada de banderas políticas y centrada exclusivamente en la protección de las infancias.

Finalmente, el matrimonio Gatto destaca que este proyecto es el motor que les permite levantarse cada día. Para ellos, la ley representa el propósito de vida de su hijo y una herramienta de prevención necesaria en un país donde la seguridad en los espacios de recreación suele quedar librada al azar. “Lo despedimos con un abrazo y regresamos con sus cenizas, pero sabemos que él está con nosotros en esta tarea”, concluyó Serena, reafirmando el compromiso de que ninguna otra familia tenga que despedir a un hijo por un arco que no estaba fijado.