El Gobierno nacional avanza con la disolución de Vialidad y el traspaso del control vial a Gendarmería

En el marco de su plan de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional ultima los detalles de un decreto que contempla la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otros organismos vinculados al transporte y la movilidad. La medida, que podría ser publicada antes del 8 de julio, implica un traspaso de funciones a la Gendarmería Nacional y a nuevas dependencias por crearse.

El proyecto, impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, prevé además la eliminación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Parte de sus funciones serán absorbidas por una nueva estructura: la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que tendrá a su cargo la fiscalización de obras y servicios públicos de transporte en todo el país.

Uno de los cambios más significativos será el traspaso del control vial a la Gendarmería, que quedará a cargo de la fiscalización y prevención en rutas nacionales, pasos fronterizos y Áreas de Control Integrado. El Ejecutivo argumenta que esta decisión busca unificar tareas dispersas en distintos organismos y mejorar la eficiencia operativa a través de una fuerza con presencia territorial en todo el país.

En cuanto a Vialidad Nacional, organismo clave para el mantenimiento de rutas y ejecución de obras públicas, sus más de 5.000 empleados pasarán a depender, al menos de forma transitoria, del Ministerio de Economía, que asumirá la administración de fondos, contratos y concesiones viales. El decreto establecerá también el destino de los recursos económicos del organismo, que serán transferidos a la Tesorería General de la Nación.

La ANSV, en tanto, dejará de gestionar convenios con provincias y municipios, funciones que serán reasignadas a la Secretaría de Transporte, incluyendo tareas como la capacitación en seguridad vial y la administración de los registros nacionales de licencias de conducir y antecedentes.

Otro de los cambios previstos incluye la transformación de la actual Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, restringiendo su ámbito de intervención únicamente al sector aeronáutico.

Aunque aún no fue publicado oficialmente, el decreto debería ver la luz antes del lunes 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas al Ejecutivo para implementar este tipo de reformas sin necesidad de tratamiento legislativo. Fuentes oficiales indican que los documentos ya estarían listos para su firma y podrían ser anunciados en cualquier momento.