Cámara de Diputados
Avanza el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años
La Cámara de Diputados dio un paso clave este martes al emitir dictamen favorable para un proyecto de ley que propone reducir la edad mínima de imputabilidad penal de 16 a 14 años. Con el respaldo del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto.
El texto establece que solo los delitos más graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, podrán tener penas privativas de la libertad, con un máximo de 15 años. En el resto de los casos, se priorizan medidas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de contacto con las víctimas, o reparación del daño causado. Las penas de prisión efectiva solo podrán aplicarse si la condena supera los 10 años.
Uno de los puntos más destacados del proyecto es la creación de instituciones especiales para menores en conflicto con la ley, donde se garantiza su derecho a la educación, atención médica y tratamiento de adicciones. Además, se prohíbe la convivencia con personas adultas privadas de la libertad. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia.
Durante el tratamiento en comisiones —Legislación Penal, Familia y Juventud, Presupuesto y Justicia— se consensuó fijar la edad mínima en 14 años, en lugar de los 13 propuestos inicialmente por el Gobierno. La diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de Legislación Penal, celebró el acuerdo como una muestra de diálogo entre distintos sectores políticos y técnicos.
Desde la oposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron la iniciativa. Advirtieron que el Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar el nuevo régimen sin vulnerar derechos. La diputada Varinia Marín (UxP) fue tajante: "Nadie cree que este gobierno vaya a invertir en centros adecuados y equipos especializados. Esto no es más que maquillaje".
A su vez, sectores como la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron agregar cláusulas que impidan la prisión si la provincia no dispone de instalaciones aptas. El diputado Fernando Carbajal remarcó que el proyecto “descarta el castigo automático” y plantea un sistema gradual, que solo permite la prisión efectiva ante delitos gravísimos.
El nuevo régimen contempla, además, otras penas como amonestaciones, restricciones de acercamiento, monitoreo electrónico y reparación económica. También prevé acompañamiento interdisciplinarios, tratamientos psicológicos, programas educativos y capacitación laboral. En casos de problemas de salud mental o consumo, se activarán mecanismos judiciales especiales para su seguimiento.
Desde el oficialismo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, recibió el avance y dejó un mensaje contundente: "Después de más de 300 días, logramos este dictamen. Quienes cometen delitos graves deben enfrentar las consecuencias. Es hora de que cada diputado elija de qué lado está".
En contraste, el kirchnerismo presentó una propuesta alternativa que mantiene la edad actual, y acusó a la derecha de usar el tema con multas electorales. Sin embargo, en un movimiento que generó especulaciones, en la antesala del plenario reemplazaron en comisiones a diputados massistas que habían impulsado un proyecto intermedio, lo que podría incidir en la votación final.
El debate de fondo sigue abierto y se anticipa una sesión intensa cuando el proyecto llegue al recinto. Mientras tanto, la polémica sobre cómo abordar el delito juvenil en Argentina vuelve al centro de la escena legislativa.