Fue despedida por cambiar dólares en una oficina pública y ahora acusa al Municipio de persecución gremial

Una polémica decisión sacude al Municipio de Villa La Angostura, tras el despido de una empleada de la Secretaría de Turismo que fue señalada por realizar operaciones de cambio de divisas dentro de su lugar de trabajo. La mujer, ahora exfuncionaria, fue cesanteada luego de que una investigación interna determinara que llevaba adelante transacciones con dólares y otras monedas extranjeras desde su escritorio, en plena dependencia municipal.

El caso comenzó a mediados del año pasado, cuando una trabajadora de la misma secretaría presentó una denuncia interna que encendió las alarmas. El informe elaborado posteriormente por la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina (JACAD) reveló que la acusada habría reincidido en esas prácticas, a pesar de haber recibido una advertencia previa. Ante la reiteración de las faltas, la Junta resolvió aplicar la sanción más severa: la expulsión definitiva del cargo.

Sin embargo, el conflicto dio un giro inesperado. La exagente presentó una demanda contra la Municipalidad alegando que su despido fue una represalia por su rol gremial. Según su abogado, ella era delegada congresal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y gozaba de tutela sindical, por lo que la cesantía no podría haberse concretado sin autorización judicial previa. La presentación judicial argumenta que se violaron tanto la Ley 23.551 como las constituciones nacional y provincial.

En su reclamo, la mujer no niega haber realizado operaciones con divisas, pero cuestiona el procedimiento seguido para separarla del cargo. Afirma que desde que asumió un rol representativo en el gremio, comenzó a ser objeto de hostigamiento por parte de autoridades municipales. Incluso menciona su participación en sesiones del Concejo Deliberante en las que acompañó reclamos laborales, como uno de los motivos del supuesto accionar persecutorio.

Además, su defensa sostiene que el sumario disciplinario estuvo "viciado de irregularidades", dado que fue instruido y resuelto por el mismo organismo (JACAD), lo cual –según su versión– comprometió la imparcialidad del proceso.

Mientras tanto, desde el Municipio se mantienen firmes en su postura: consideran que la sanción fue justificada por una falta grave y reiterada en el marco de la función pública. La Justicia ahora deberá dirimir si se trató de una legítima medida disciplinaria o de un acto discriminatorio encubierto bajo una fachada administrativa.