Un error de casi $20 millones en el Municipio: cuestionan la devolución en nueve cuotas sin interés

La concejal Sol Petagna, del bloque PRO, presentó un pedido de informes para conocer quiénes fueron los responsables y bajo qué normativa se autorizó la devolución del dinero en nueve cuotas sin intereses.

Un error administrativo en la liquidación de haberes del Municipio de San Martín de los Andes derivó en el pago de una suma millonaria por encima de lo que correspondía a una trabajadora municipal. El caso fue detectado por la concejal Sol Petagna, del bloque PRO, durante la revisión de los decretos del Ejecutivo local, y abrió interrogantes sobre los mecanismos de control y el procedimiento dispuesto para recuperar los fondos.

Según explicó la edil en una entrevista con Arriba Montañeses, el error se produjo en febrero y estuvo relacionado con el corrimiento de dos decimales en la liquidación de un adicional salarial retroactivo. Esa equivocación habría duplicado el importe que debía abonarse por ese concepto.

De acuerdo con lo señalado por Petagna, la diferencia entre el monto liquidado y el que correspondía habría alcanzado aproximadamente los $27 millones, mientras que el excedente establecido para devolver quedó en alrededor de $19,5 millones, una vez consideradas las deducciones correspondientes.

Nueve cuotas sin intereses: el punto que genera cuestionamientos

Más allá del error en la liquidación, la concejal puso el foco en la decisión administrativa de permitir que el dinero sea devuelto en nueve cuotas sin intereses.

Petagna señaló que presentó un pedido de informes para conocer qué normativa habilita ese procedimiento y quiénes fueron los responsables de autorizarlo. Entre los funcionarios mencionados se encuentran el secretario de Gobierno, Matías Consoli, y la secretaria de Economía y Hacienda, Marta Vallarta, quienes aparecen vinculados a los decretos correspondientes.

“Es como que le hayan dado un crédito y que lo pueda devolver en cómodas cuotas sin interés”, planteó la concejal durante la entrevista.

La edil también reclamó que se determinen las responsabilidades de las distintas áreas que intervinieron en el proceso y que se expliquen las fallas en los controles que permitieron que se concretara un pago de esa magnitud.

Petagna aclaró que su planteo no apunta a exponer personalmente a la trabajadora, sino a conocer cómo se produjo el error y bajo qué fundamentos se resolvió la devolución en esas condiciones.

La concejal indicó, además, que la propia empleada se comunicó con ella después de que el tema tomara estado público y le reenvió documentación vinculada con el caso. Sin embargo, remarcó que la información formal deberá ser respondida por el Ejecutivo a través del pedido de informes presentado.

El acceso a los decretos y el control del Ejecutivo

Petagna explicó que detectó el caso mientras revisaba los decretos municipales, una tarea que realiza junto con su equipo. Según indicó, la publicación de estos actos administrativos en la web municipal fue posible a partir de una modificación de ordenanza impulsada por ella en 2024.

La concejal cuestionó el sistema de consulta vigente, al considerar que obliga a buscar los documentos de manera manual y que todavía existen obstáculos para avanzar hacia una gestión plenamente digitalizada.

En ese sentido, sostuvo que el acceso a la información pública es una herramienta fundamental para que los concejales y los vecinos puedan controlar las decisiones del Ejecutivo.

También señaló que la revisión constante de los decretos permite detectar situaciones que, de otra manera, podrían pasar inadvertidas. Petagna anticipó que hará pública la respuesta al pedido de informes cuando sea recibida.

El aporte de $40 millones al Regimiento de Caballería 4

Durante la misma entrevista, la concejal también se refirió a la controversia por el aporte no reintegrable de hasta $40 millones autorizado por el Municipio al Regimiento de Caballería 4, pese a que la institución mantiene una deuda municipal de aproximadamente $26,7 millones.

Sobre este punto, Petagna explicó que el aporte se vincula con la gestión de la cantera del Regimiento, que desde 2024 está a cargo del Municipio y recibe residuos forestales y materiales provenientes de obras, entre otros elementos.

Según relató, antes de que la Municipalidad asumiera esa tarea, la gestión estaba en manos de la empresa Rezago Cipolletti SRL. De acuerdo con la información que, según afirmó, brindó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Héctor Durán, la empresa cobraba alrededor de $40 millones mensuales en 2023 y habría solicitado elevar ese monto a $70 millones mensuales.

La concejal sostuvo que el cambio en el esquema de gestión fue uno de los elementos considerados para aprobar el aporte de $40 millones correspondiente a 2026. Según explicó, el dinero se destinaría a materiales para mantenimiento y otras necesidades contempladas en el convenio de colaboración.

También señaló que el Municipio mantiene un compromiso de pago de la electricidad de dos medidores vinculados al Regimiento, establecido mediante un decreto.

Pedido de explicaciones y revisión de los gastos

Frente a los cuestionamientos difundidos por la Contraloría Municipal, Petagna consideró que es necesario analizar tanto la deuda que mantiene el Regimiento como los fundamentos del aporte autorizado y los antecedentes de la gestión de la cantera.

La edil pidió que se investiguen las distintas situaciones y que el Ejecutivo brinde explicaciones claras a la comunidad sobre las decisiones adoptadas.

Los casos corresponden a cuestiones administrativas diferentes, pero volvieron a poner en discusión la transparencia de los actos de gobierno, el control de los recursos públicos y la necesidad de que las decisiones municipales cuenten con información accesible y fundamentos claros.