Neuquén comenzó a realizar controles toxicológicos obligatorios y sorpresivos a funcionarios

La Provincia del Neuquén inició oficialmente los exámenes toxicológicos obligatorios y de carácter sorpresivo para funcionarios públicos de alta jerarquía, en el marco de la implementación de la Ley 3531 y su reglamentación mediante el Decreto 234/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa.

Con la puesta en marcha del sistema, Neuquén se convierte en una de las primeras provincias del país en establecer controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para quienes desempeñan los principales cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El mecanismo comenzó a aplicarse en el Poder Ejecutivo, donde se realizaron los primeros sorteos aleatorios para seleccionar a los funcionarios que debían someterse a los análisis. Una vez notificados, los convocados cuentan con un plazo máximo de 24 horas para presentarse en los laboratorios habilitados, garantizando así el carácter sorpresivo previsto por la normativa. Según se informó oficialmente, los primeros controles ya fueron realizados.

La reglamentación establece que los exámenes médicos son un requisito obligatorio para la permanencia en los cargos y alcanzan a ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos, entre otros funcionarios comprendidos en la ley.

El protocolo consiste en un análisis de orina destinado a detectar metabolitos vinculados al consumo reciente de cocaína, derivados del cannabis, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, salvo que exista una prescripción médica debidamente acreditada.

El sistema de selección está a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), que realizará sorteos trimestrales para elegir al 12,5% del universo de funcionarios alcanzados por la norma. De esta manera, se prevé que la totalidad de los cargos comprendidos sea evaluada al menos una vez por año.

La reglamentación también contempla garantías para los funcionarios sometidos a los controles. En caso de un resultado preliminar positivo, podrán solicitar un análisis confirmatorio utilizando una segunda muestra de resguardo. Asimismo, quienes estén bajo tratamientos médicos específicos deberán presentar la documentación correspondiente dentro de las 48 horas posteriores al examen.

Uno de los aspectos más estrictos de la normativa establece que la negativa injustificada a realizar el análisis o la falta de presentación dentro del plazo de 24 horas será considerada automáticamente como un resultado positivo, activando los mecanismos administrativos y legales previstos para su eventual sanción o remoción.

Además, el costo de los estudios no será afrontado por el Estado, sino que se descontará directamente de los haberes del funcionario evaluado.

Para supervisar el funcionamiento del sistema, la reglamentación creó una Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes de la salud laboral o medicina pericial de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El organismo tendrá la responsabilidad de resolver cuestiones técnicas, intervenir en eventuales controversias y emitir dictámenes sobre los resultados positivos confirmados.

Cabe recordar que durante 2025 el propio gobernador Rolando Figueroa y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia se sometieron voluntariamente a controles toxicológicos como una forma de impulsar la iniciativa.

Con la entrada en vigencia de la reglamentación, esos análisis pasaron a ser obligatorios para todos los funcionarios alcanzados por la ley, en el marco de una política destinada a fortalecer la transparencia, la ética pública y la confianza ciudadana en las instituciones.