“Nos usan como trampolín para hacer sus grandes negociados”: la durísima denuncia de Segundo Andrade contra el Concejo Deliberante
El Secretario General de ATE San Martín de los Andes selló el acuerdo salarial con el Ejecutivo, pero lanzó graves acusaciones de corrupción en el marco de la gestión pública
Tras intensas jornadas de reclamo y medidas de fuerza que afectaron la prestación de servicios, el gremio ATE logró cerrar el acuerdo salarial con la Municipalidad de San Martín de los Andes. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de un conflicto administrativo derivó en una fuerte denuncia política. En diálogo con Arriba Montañeses, Segundo Andrade, Secretario General de la seccional local, confirmó la normalización de las tareas tras el pacto con el intendente Carlos Saloniti, pero utilizó el aire de la radio para exponer lo que considera una red de complicidades entre el sector público y los intereses privados.
Andrade, quien cuenta con 37 años de trayectoria como empleado municipal, se mostró profundamente molesto por las presiones ejercidas contra los trabajadores durante el proceso de lucha. El foco de su malestar se centró en un sector del Concejo Deliberante, al que acusó de perseguir al personal operativo para agilizar trámites que beneficiarían a los propios legisladores. “Había también un personaje del Concejo Deliberante denunciando que le hagan sumario a los compañeros de planificación... claro, porque tiene un negocio privado que le luce y le interesa, entonces qué sanciones”, disparó el dirigente.
Para el titular de ATE, los ataques mediáticos y los pedidos de sumarios no son hechos aislados, sino herramientas de presión política. “Nos usan, digamos, bueno, no que son maleducados, se deben imaginar lo que estoy pensando, ¿no?, como trampolín para hacer sus grandes negociados porque ese concejal que pedía sanciones para los trabajadores, primero que no se fijó y no sabe, está muy errado lo que dice que no quieren trabajar porque los compañeros estaban trabajando”, sentenció Andrade con firmeza.
La denuncia escaló cuando el referente gremial vinculó la urgencia de ciertos sectores del Concejo con desarrollos inmobiliarios que estarían fuera de norma o habrían recibido beneficios excepcionales. Según Andrade, las críticas al personal de Planificación surgen de demoras en obras privadas que no cumplen con los permisos originales. “Lo que pasa es que tenía un apuro porque, claro, donde tenía para construir, y está en falta porque también creo que le dieron una excepción, ¿sí?, donde tenía para hacer un galpón hizo 20”, denunció públicamente, señalando la contradicción de quienes exigen rigor a los empleados mientras evaden normativas.
La crítica de Andrade no se detuvo en el ámbito municipal, sino que se extendió a la política de obra pública a nivel provincial y local, cuestionando la transparencia de los actos oficiales. “Viene a inaugurar tres cuadras y nadie le dice nada. Y la verdad que viene a inaugurar escuelas y obras de escuelas que se vienen reinaugurando hace un montón de tiempo, y son estafas que le hacen al Estado y a la población obviamente, ¿no? Así que hay que revisar esas cuestiones”, advirtió, calificando de "engaño" el marketing político sobre edificios que ya estaban en funcionamiento.
En este sentido, el dirigente lamentó lo que percibe como un silencio corporativo que atraviesa a todas las instituciones de la ciudad frente a estas irregularidades. “Ahora, son todos cómplices, ¿sí? Los concejales, el mismo municipio, etc. Acá no pasa nada y ahí el privado no dice nada”, sostuvo Andrade, sugiriendo que existe una estructura que permite que estos intereses particulares avancen sin el control adecuado del órgano legislativo o ejecutivo.
Con casi cuatro décadas dentro de la estructura estatal, Andrade subrayó que su postura nace de un conocimiento profundo de los pasillos municipales y de la realidad de los vecinos de San Martín de los Andes. “¿Cuánto hace que sos empleado municipal, Segundo? 37 años”, repasó durante la charla, reafirmando su pertenencia a una institución que, según su visión, hoy se ve afectada por decisiones políticas que priorizan "el negocio" por sobre el servicio a la comunidad.
Finalmente, el referente gremial insistió en que el cierre de la paritaria es apenas un alivio temporal si no se discuten los problemas de fondo en la administración de la ciudad. “Pero bueno, son decisiones políticas. Ahora, recién hablábamos esto del Estado y privado, etc.”, concluyó, dejando en claro que la paz social alcanzada esta semana no oculta la tensión política persistente. Las palabras de Andrade dejan una herida abierta en el Concejo Deliberante, planteando un escenario de sospechas sobre el uso del Estado como facilitador de intereses inmobiliarios privados.