Denuncian penalmente a las autoridades del Parque Nacional Los Alerces por negligencia ante los incendios

La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Esquel por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negligencia en el manejo del incendio forestal iniciado en diciembre de 2025. La presentación apunta directamente contra el intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño, la jefa de Guardaparques, María Laura Fenoglio, y el jefe del ICE, Mario Cárdenas, por la falta de acciones oportunas y planificación en un siniestro que continúa fuera de control. Según el escrito, el fuego se propagó afectando zonas intangibles de máximo nivel de protección ambiental y patrimonio de la UNESCO, incluyendo bosques milenarios de alerces cuya destrucción se considera un daño irreversible para el ecosistema.

Uno de los ejes centrales del reclamo judicial es la escasa cantidad de combatientes enviados al ataque inicial, ya que se habrían destinado solo unos 30 brigadistas y se descartó la intervención de guardaparques capacitados que estaban dispuestos a actuar. Los denunciantes califican de ilógicas e injustificadas las decisiones operativas, señalando que incluso un mes después del inicio solo trabajaban 40 personas pese a existir personal disponible en otras provincias. Además, se denuncia la ausencia de tareas preventivas, la falta de movilidad lacustre propia y demoras críticas provocadas por prohibiciones administrativas que retrasaron el combate aéreo y prohibieron el uso de retardantes químicos bajo una supuesta protección ambiental que facilitó la destrucción del bosque.

La denuncia también expone conflictos internos entre las autoridades y una falta total de información oficial, lo que obligaba al personal y a los vecinos a enterarse de la situación a través de las redes sociales. Se menciona la existencia de informes internos que describen fallas reiteradas en la organización y conducción del recurso humano, los cuales habrían derivado en acciones administrativas contra quienes señalaron las deficiencias en lugar de investigarse los hechos. Finalmente, los pobladores subrayan el impacto devastador sobre la economía regional, con pérdidas incalculables en el turismo y la destrucción de viviendas y medios de subsistencia de las familias rurales de la zona.