Transparencia y control público
Figueroa promulgó la ley que impone controles toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado
Establece exámenes aleatorios y sorpresivos para cargos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Provincial 3531/25, que establece y regula la realización de controles toxicológicos a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
La iniciativa, impulsada por el propio mandatario y aprobada por amplia mayoría en la Legislatura el pasado 17 de septiembre, busca garantizar la idoneidad, integridad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública.
Según la norma, los exámenes serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos, y su cumplimiento será condición para la permanencia en el cargo. Las pruebas estarán destinadas a detectar el consumo de sustancias psicoactivas prohibidas, asegurando que los funcionarios desempeñen sus tareas en condiciones compatibles con la responsabilidad del puesto.
Los controles alcanzarán a autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo al gobernador y vicegobernador; ministros y secretarios; diputados provinciales; magistrados; fiscales y defensores; miembros del Consejo de la Magistratura; y también a directivos de organismos autárquicos, descentralizados, empresas estatales y municipios.
En caso de negativa injustificada a realizar el examen, la ley dispone que se considerará equivalente a un resultado positivo.
Además, se conformará una Comisión Evaluadora Interpoderes —de carácter autónomo— con representantes técnicos designados por cada poder, y se creará un registro interno confidencial para documentar los exámenes, garantizar la trazabilidad técnica y registrar los procedimientos derivados de resultados positivos.
Esta medida se enmarca en la política provincial de lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento institucional, y complementa la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que otorga mayores facultades a la Policía y la Justicia neuquina para intervenir en delitos vinculados al tráfico minorista de drogas.
