Policiales
Fue declarado inimputable y deberá realizar un tratamiento médico y psicológico
Un hombre acusado en San Martín de los Andes por cinco hechos distintos no irá a juicio, ya que fue declarado inimputable por no comprender sus actos ni poder dirigir sus acciones. En su lugar, y a partir de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF), la defensa pública y organismos de salud y municipales, se dispuso que cumpla un tratamiento médico y psicológico integral que garantice además su alimentación, higiene y vestimenta.
La medida fue resuelta en una audiencia realizada el viernes pasado, en la que el fiscal jefe Gastón Ávila avaló la solución. El acusado tenía cinco legajos abiertos en el MPF por los delitos de lesiones, amenazas y daño.
El plan de atención tendrá una duración de un año, aunque podría finalizar antes si los informes médicos determinan una mejora en las condiciones de salud y en los riesgos que justificaron su imposición. Durante ese período se le deberá garantizar un dispositivo de salud mental que incluya:
acceso a la medicación y su correcta administración,
tratamiento médico y psicosocial,
prevención del consumo problemático de sustancias,
cobertura de necesidades básicas de la vida diaria (alimentación, vestimenta, higiene y sueño).
El juez de garantías Ignacio Pombo ordenó a las autoridades provinciales —jefe de Gabinete, ministros de Salud y Seguridad—, al intendente local y a responsables sanitarios de la Zona Sanitaria IV y del hospital Ramón Carrillo, que en un plazo de 15 días hábiles presenten el programa o dispositivo concreto que se implementará.
Según lo dispuesto, ese plan deberá apuntar a la inclusión comunitaria con apoyos adecuados, alejando al hombre de la situación de calle, brindando tratamiento para el consumo de sustancias y asegurando un abordaje integral de su salud física y mental.
Mientras tanto, el juez resolvió que continúe internado en el hospital Ramón Carrillo bajo custodia, hasta que el nuevo dispositivo esté diseñado. Además, fijó una nueva audiencia de control para el 30 de septiembre, en la que deberán participar las autoridades provinciales designadas.
El magistrado también notificó al defensor público civil y al juez civil que ya intervienen en la situación del involucrado, y definió que el seguimiento de la medida de seguridad quede en manos del juez de Ejecución Penal.
