Gobernadores patagónicos analizan suspender la producción de petróleo

Los gobernadores de varias provincias patagónicas mantuvieron una reunión virtual este viernes por la tarde para abordar la reciente disputa con el presidente Javier Milei y las medidas a tomar en respuesta. En medio de este enfrentamiento, se ha discutido la posibilidad de suspender la producción de petróleo a partir de la próxima semana.

En el encuentro los mandatarios expresaron su profundo malestar y decidieron convocar a una conferencia de prensa entre el lunes y el martes para reafirmar su respaldo a la provincia de Chubut. Además, se están evaluando diferentes acciones, como el corte de suministro de petróleo y gas si no se obtiene una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, así como la posibilidad de emprender acciones parlamentarias conjuntas.

Participaron en la reunión Ignacio Torres, gobernador de Chubut, junto a sus colegas Alberto Weretileck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La tensión se ha incrementado luego de las declaraciones de Torres sobre la posibilidad de detener la entrega de recursos energéticos, una postura respaldada por los demás gobernadores.

Como respuesta al recorte de fondos ordenado por el ministro de Economía, Luis Caputo, los gobernadores planean una estrategia de judicialización masiva, que podría involucrar a funcionarios del gobierno central, e incluso al presidente. Durante la reunión de este sábado, se acordó fortalecer esta estrategia de judicialización como medida de defensa ante las decisiones que afectan negativamente a las provincias patagónicas.

El comunicado completo: 

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR

Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.
Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses.
Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus.
En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $ 13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual.
No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo.
También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron.
Por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA.
Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos.

Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut.
No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias.
Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen.

Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas.
Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas.
Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina.

Firman los gobernadores: Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).