Defensoría del Pueblo presentó su balance 2025 y volvió a cuestionar la deuda provincial

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes expuso ante el Concejo Deliberante su Informe Anual 2025, en una presentación que combinó datos de gestión con un planteo político e institucional de fondo: la ausencia, aún hoy, de la figura del Defensor del Pueblo en la provincia del Neuquén.

El titular del organismo, Fernando Bravo, encabezó la exposición y aprovechó la instancia no solo para repasar el trabajo realizado durante el último año, sino también para poner en discusión una deuda estructural. En un texto titulado “La omisión”, señaló que, a casi veinte años de la reforma constitucional de 2006, la provincia sigue sin reglamentar ni designar esta figura clave, lo que —según planteó— debilita el sistema democrático y limita el acceso efectivo a derechos.

Esa falta de institucionalidad, advirtieron desde la Defensoría, tiene consecuencias concretas en el territorio. En la práctica, obliga a los organismos municipales a intervenir en temas que exceden su competencia, como salud o educación, enfrentando muchas veces restricciones legales para dar respuestas de fondo a los reclamos.

Durante la presentación, los defensores adjuntos Milagros Fernández Noya y Gonzalo Salaberry detallaron el movimiento de actuaciones a lo largo de 2025. El área de Orientación Legal concentró casi la mitad de las consultas (47,04%), con problemáticas vinculadas principalmente a alquileres, obras sociales y cuestiones familiares. Le siguieron Ambiente y Urbanismo (12,54%), con foco en riesgos geológicos y forestales, y Administración Municipal (11,50%), vinculada a trámites y actividades comerciales.

También tuvieron peso las áreas de Derechos Humanos (10,80%), donde predominan temas relacionados a discapacidad, salud, educación y vivienda, y los conflictos vecinales (9,06%), en su mayoría ligados a problemas de convivencia. En igual proporción se ubicaron los reclamos por servicios públicos, especialmente por suministro eléctrico y agua.

El informe también aporta datos sobre quiénes recurren a la Defensoría. Las mujeres encabezaron ampliamente las consultas, representando el 63% de las actuaciones. En cuanto a la edad, el grupo más activo fue el de personas entre 46 y 65 años, seguido por adultos mayores, mientras que la participación de jóvenes fue mínima.

Pese a las limitaciones señaladas, el organismo destacó su nivel de respuesta: de las 287 actuaciones iniciadas durante el año pasado, el 80% logró resolverse, mientras que el resto continúa en trámite. Un dato que refleja, según indicaron, el rol clave que cumple la Defensoría en la resolución cotidiana de conflictos, incluso en un contexto institucional incompleto.

Podés consultar el informe completo haciendo click en el siguiente enlace: Balance Anual 2025 - Defensoría del Pueblo