Proponen cobrar aranceles a extranjeros no residentes por el uso de la salud pública y la educación superior

La diputada Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone arancelar la atención en salud y la educación superior pública para extranjeros que no cuenten con residencia permanente en Argentina. La iniciativa —que ingresó el 28 de noviembre bajo el expediente 18097— busca regular el acceso a estos servicios y establecer un esquema de financiamiento complementario para los sistemas sanitarios y educativos de Neuquén.

El proyecto alcanza a extranjeros residentes transitorios y a quienes posean residencia precaria, quienes deberían abonar aranceles tanto por las prestaciones de salud como por los estudios superiores en instituciones públicas de la provincia. De aprobarse, los recursos recaudados se concentrarán en fondos específicos:

• Fondo Especial para la Salud Pública, destinado a financiar atención hospitalaria y en centros de salud, comprar equipamiento, mejorar infraestructura, promover la capacitación del personal y sostener programas de calidad sanitaria.

• Un fondo educativo para instituciones terciarias y de formación superior, destinado exclusivamente a gastos operativos, mejoras edilicias, equipamiento y mobiliario, con la prohibición de destinar recursos al pago de salarios.

La diputada aclaró que, aun con el nuevo esquema, la atención de urgencias y emergencias estará garantizada, así como la asistencia a refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de trata. En los casos de emergencia para personas alcanzadas por la regulación, la autoridad sanitaria deberá aplicar mecanismos de recupero, de manera complementaria a lo previsto en la ley 3431.

El texto también faculta al Poder Ejecutivo a firmar acuerdos de reciprocidad con otros países. En caso de existir convenios vigentes, las personas extranjeras de esos Estados quedarán exceptuadas del pago, y los neuquinos en tránsito por esos países accederán a atención gratuita.

En el ámbito educativo, el proyecto establece aranceles para estudiantes extranjeros transitorios o con residencia precaria que cursen en institutos públicos terciarios, técnicos superiores y de formación docente. Lo recaudado no podrá usarse para salarios, sino únicamente para sostener y mejorar las instituciones.

En los fundamentos, Buchiniz argumenta que “el Estado no puede ser un financiador ilimitado de servicios para personas que no contribuyen de manera efectiva a su sostenimiento” y cuestiona que quienes no tributaron “accedan gratuitamente a prestaciones de alto costo mientras el contribuyente local carga sobre sus espaldas el financiamiento”. La diputada también sostuvo que la medida constituye “un acto de justicia fiscal, de respeto al contribuyente y de defensa de la libertad frente al abuso del gasto público indiscriminado”.

El proyecto ya está en análisis en comisiones y abre un debate que seguramente tendrá fuerte repercusión en el ámbito político, sanitario y educativo de la provincia.