El Gobierno disolvió tres fideicomisos clave y denunció un “uso ineficiente” de los fondos públicos

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) mediante el Decreto 463/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. Con esta medida, ya son 29 los fideicomisos eliminados desde diciembre de 2023.

El FFFIR, creado por la Ley 24.855, tenía como función asistir financieramente a provincias y al Estado Nacional para obras de infraestructura económica y social. Sin embargo, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó baja aplicación de recursos para préstamos, mantenimiento de fondos en plazos fijos con pérdida de valor real, y personal contratado bajo modalidades no permitidas, lo que incumple la normativa vigente sobre estructura de personal. El Ministerio de Economía asumirá los contratos y convenios vigentes, incluyendo préstamos con organismos internacionales, hasta que concluya la liquidación del fondo.

Respecto al Plan Nacional de Manejo del Fuego, la SIGEN advirtió que entre 2022 y 2023 se transfirieron $26.000 millones al fideicomiso, pero sólo $70 millones se usaron para su propósito original. Además, se denunció la contratación de 62 personas sin constancia del cumplimiento de tareas, demoras en la compra de autobombas, falta de respaldo documental de oferentes, modificaciones unilaterales en las especificaciones técnicas, y pagos por servicios aéreos sin trazabilidad clara.

En cuanto al FONDEP, sucesor del FONDEAR, su objetivo era facilitar financiamiento y promover inversiones en sectores estratégicos. La SIGEN señaló inconsistencias en la gestión de inversiones, falta de estados contables disponibles y deficiencias en la recuperación de préstamos. Por estas irregularidades, el Ejecutivo resolvió su disolución y la liquidación de sus activos y pasivos.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo— establece que los fiduciarios de los fondos disueltos deberán garantizar la entrega de información y la culminación del proceso de cierre, conforme al Decreto 695/24 y la Resolución 796/24 del Ministerio de Economía. Desde el Gobierno sostienen que la medida busca “garantizar el uso eficiente de los recursos públicos” y reducir estructuras estatales con bajo control y escasa transparencia.