Tasa vial

El municipio respondió a la medida cautelar y el planteo de inconstitucionalidad

El municipio respondió a la medida cautelar y el planteo de inconstitucionalidad

El Municipio de San Martín de los Andes presentó su descargo ante la Justicia respecto a la Tasa Vial, en respuesta a la medida cautelar y el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza presentada por la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

En su respuesta, el Ejecutivo municipal solicitó que se mantenga la vigencia de la ordenanza tachada de inconstitucional hasta que se dicte la sentencia definitiva de fondo. Además, advirtió sobre las consecuencias que tendría la no aplicación de esta medida sobre los usuarios del transporte público urbano de pasajeros.

El Municipio argumentó que tiene competencia para establecer la tasa y la contribución, destacando que la situación del transporte urbano se volvió crítica luego de que el Estado nacional suspendiera el envío de fondos para atenuar el impacto de la tarifa.

La Ordenanza Municipal Nº 14.591/24, aprobada en febrero pasado, declara la Emergencia Vial y del Transporte Público de Pasajeros. Esta norma establece una Tasa Vial que recauda un 4,5% del valor neto de los combustibles líquidos vendidos en la ciudad, formando el Fondo Específico de Movilidad Urbana.

El Municipio contestó el planteo de la Asociación Hotelera ante el Tribunal, argumentando que fue privado del subsidio que el gobierno nacional otorgaba para el transporte público de pasajeros, lo que lo llevó a declarar la emergencia en la materia. Además, señaló que las gabelas establecidas en la ordenanza fueron fijadas en el marco de una situación de emergencia, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.

La presentación judicial citó que la ordenanza se enmarca en las potestades que posee la municipalidad en beneficio de la comunidad, permitiéndole fijar tributos para obtener los recursos necesarios para su ejercicio.

En su respuesta, el Municipio consideró improcedente la medida cautelar y rechazó el planteo de inconstitucionalidad, argumentando que los accionantes no cumplieron con las exigencias mínimas necesarias. Además, destacó que la ordenanza se ajusta a la normativa de rango superior y subrayó la importancia de la autonomía económica y financiera de los municipios.

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