Vialidad Nacional intimó al Municipio de San Martín de los Andes por el estacionamiento medido en la Ruta 40

El organismo nacional pidió que el Municipio acredite la existencia de un convenio que le otorgue facultades para cobrar estacionamiento y aplicar sanciones sobre la traza de la Ruta Nacional 40 dentro del ejido urbano.

La discusión por el estacionamiento medido sobre la Avenida San Martín sumó un nuevo capítulo luego de que la Dirección Nacional de Vialidad intimara al Municipio de San Martín de los Andes a cesar y abstenerse de labrar nuevas actas de infracción o imponer sanciones vinculadas al estacionamiento sobre la Ruta Nacional 40, hasta tanto se acredite el marco legal que le otorgaría esas facultades.

La intimación fue enviada el 7 de septiembre y, según explicó María Ferreyra, fue recibida por el Municipio el día 9. El organismo nacional estableció un plazo de 72 horas para que se informe y acredite la existencia de una norma, acto administrativo o convenio que respalde la intervención municipal sobre ese tramo de la ruta nacional.

Ferreyra, referente local de La Libertad Avanza, viene planteando el cuestionamiento desde que comenzó a aplicarse el sistema de estacionamiento medido y señaló que, ante consultas realizadas oportunamente, desde el ámbito municipal se habría indicado que existía una delegación de facultades por parte de Vialidad Nacional.

Según sostuvo, esa delegación no existiría. “El convenio no existe. Hoy está absolutamente claro que no existe y no existe la delegación de esas facultades”, afirmó durante una entrevista con FM de la Montaña.

Qué respondió Vialidad Nacional

De acuerdo con lo explicado por Ferreyra, Vialidad Nacional respondió además a un expediente iniciado por un vecino de San Martín de los Andes que había consultado sobre las facultades municipales para intervenir sobre la Ruta Nacional 40.

En esa respuesta, el organismo habría señalado que el hecho de que una ruta nacional atraviese el ejido urbano de un municipio no implica por sí mismo una transferencia de jurisdicción ni habilita automáticamente a la autoridad local a ejercer facultades de fiscalización y sanción que corresponden al titular de la jurisdicción vial.

Ferreyra también aclaró un aspecto referido a la traza de la Ruta Nacional 40 dentro de la ciudad. Explicó que, según la documentación respaldatoria de Vialidad Nacional, la traza comprende el ingreso por la Avenida Cuesler, continúa por la Avenida San Martín hasta la zona de la Costanera y luego continúa por el recorrido correspondiente, regresando por Villegas en sentido contrario.

En ese sentido, señaló que la calle General Roca constituye una derivación establecida para el tránsito pesado, pero que eso no significaría que haya pasado a ser la traza original de la Ruta 40.

¿Qué pasa con las multas y lo ya cobrado?

Uno de los interrogantes que queda abierto es qué ocurrirá con las multas aplicadas y los importes cobrados por estacionamiento medido desde la implementación del sistema.

Ferreyra sostuvo que esa cuestión deberá resolverse en las instancias correspondientes y que no está en condiciones de anticipar qué tratamiento tendrá lo actuado hasta ahora.

También remarcó que la discusión se refiere específicamente a las facultades vinculadas al cobro del estacionamiento y las sanciones por estacionamiento sobre la Ruta Nacional 40, y no significa que determinadas conductas de tránsito queden permitidas.

Por ejemplo, estacionar sobre una rampa para personas con discapacidad o en doble fila continúa siendo una infracción, independientemente de quién tenga competencia sobre el estacionamiento medido.

Otro interrogante: las terrazas gastronómicas

Durante la entrevista también surgió otra cuestión vinculada al uso de la Avenida San Martín: el canon locativo y las autorizaciones municipales para las terrazas gastronómicas instaladas sobre ese sector.

Ferreyra planteó que, a partir de la interpretación de Vialidad Nacional sobre la jurisdicción de la Ruta 40, será necesario analizar también qué facultades tiene el Municipio respecto de ese tipo de ocupaciones del espacio.

Por ahora, el punto central de la intimación es que el Municipio deberá acreditar ante Vialidad Nacional el instrumento legal que le permita ejercer las facultades cuestionadas sobre la traza nacional.

La discusión queda así planteada entre el Municipio de San Martín de los Andes y la Dirección Nacional de Vialidad, mientras resta conocer la respuesta oficial del gobierno municipal a la intimación.