El intendente de San Martín defendió su gestión, rechazó las acusaciones y se quebró en el final de la sesión: hay cuarto intermedio

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, se presentó ante el Concejo Deliberante para brindar explicaciones sobre los seis cargos incluidos en la denuncia que dio origen a la sesión. Durante su exposición, realizó un repaso de las actuaciones administrativas, inversiones y procedimientos vinculados a cada uno de los cuestionamientos y sostuvo que no existe una conducta personal que configure mal desempeño.

El primer eje estuvo relacionado con el sistema cloacal y el saneamiento del lago Lácar. Saloniti repasó las inversiones realizadas junto con la Cooperativa de Agua Potable, EPAS y el Gobierno provincial, entre ellas mejoras en las plantas de tratamiento, adquisición de bombas, equipamiento de laboratorio y trabajos vinculados a la captación de agua.

También destacó la incorporación de nuevos equipamientos para la PTE-1, con una inversión estimada en 600 millones de pesos, y la incorporación prevista de un filtro de discos para tratamiento terciario en la PTE-3, con un presupuesto de 951,6 millones de pesos. A esto sumó la obra de almacenamiento de agua potable prevista para el barrio Aitue, con una cisterna de un millón de litros y una inversión presupuestada en 942,6 millones de pesos.

El segundo cargo estuvo vinculado al EPEN, la deuda municipal y los suministros eléctricos. El intendente explicó que el Municipio asumió desde 2022 el pago de la electricidad utilizada para los bombeos de las plantas de tratamiento, en un contexto financiero complejo de la Cooperativa.

Según detalló, actualmente existen 286 suministros eléctricos vinculados a la Municipalidad, de los cuales 150 corresponden a alumbrado público. De ese total, 82 fueron incorporados desde diciembre de 2019. La gestión inició un proceso de revisión de titularidades, consumos, potencias y usos, además de avanzar en la regularización de la deuda con el organismo provincial.

El tercer punto abordado fue la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia y el convenio colectivo municipal. Saloniti diferenció la discusión sobre la constitucionalidad de una norma del eventual incumplimiento de una orden judicial y sostuvo que las decisiones de la Comisión de Interpretación y Aplicación (CIAP) requieren el correspondiente acto administrativo para convertirse en decisiones ejecutivas.

El cuarto cargo estuvo relacionado con las obras en el Cerro Chapelco. El jefe comunal repasó las actuaciones municipales ante movimientos de suelo realizados sin autorización en la playa de estacionamiento y señaló que la Municipalidad dispuso la paralización de los trabajos, realizó inspecciones, efectuó intimaciones y estableció medidas de mitigación y remediación.

También destacó que el procedimiento ambiental continuó con evaluaciones técnicas, instancias de diálogo y participación de distintos actores. En abril, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 15.593/26, mediante la cual se otorgó la factibilidad ambiental para la playa de estacionamiento.

Saloniti diferenció además las obras correspondientes a la concesión del cerro de aquellas tramitadas por el Gobierno provincial, entre ellas el nuevo medio de elevación, los cañones de nieve, el reservorio de agua y las instalaciones eléctricas.

El quinto cargo estuvo referido a la Contraloría Municipal. En este punto, el intendente sostuvo que el organismo tiene facultades para controlar, observar y formular recomendaciones, mientras que corresponde al Ejecutivo municipal administrar y tomar las decisiones. Señaló además que la mayoría de las notas recibidas fueron respondidas y que otras se encuentran en análisis por las áreas correspondientes.

Finalmente, abordó el sexto cargo, relacionado con la participación ciudadana y la audiencia pública dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Saloniti rechazó que el proceso haya sido cerrado u opaco y repasó las distintas instancias de participación desarrolladas durante la elaboración del proyecto.

Entre el 12 de mayo y el 4 de junio funcionaron 11 comisiones temáticas, con participación de colegios profesionales, prestadores de servicios, juntas vecinales, cámaras empresarias, concejales y distintas áreas municipales. Además, se realizaron encuentros públicos y se puso a disposición documentación vinculada con el proceso.

Respecto de la audiencia pública, sostuvo que debe realizarse cuando exista un proyecto normativo concreto para su tratamiento, de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

El intendente también explicó la contratación del Estudio de Impacto Ambiental y Social para las obras de pavimentación de los callejones Gingins y Torres y la construcción de tres rotondas sobre la Ruta Nacional 40. La contratación fue autorizada por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 15.594/26.

Con el repaso de los seis puntos, Saloniti buscó demostrar que las situaciones cuestionadas tuvieron intervención de distintas áreas municipales, organismos provinciales y órganos de control, y que existen actuaciones, inversiones y procedimientos administrativos en curso. La exposición se produjo en el marco del proceso institucional abierto en el Concejo Deliberante para analizar los cargos formulados contra el jefe comunal.