Pedido de Juicio político a Saloniti: la denunciante no asistirá a la sesión especial y pidió “prudencia y nada de violencia”

La denunciante del juicio político contra el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, confirmó que no estará presente en la Sesión Especial del Concejo Deliberante prevista para este jueves 3 de septiembre, en la que el jefe comunal deberá realizar su descargo.

A través de un comunicado, Valeria López Oronoz explicó que su ausencia no implica abandonar la denuncia y señaló que su comparecencia física no fue admitida. Recordó además que, según la normativa que regula el procedimiento, el denunciante no es parte de la tramitación del juicio político y sostuvo que las actuaciones deben desarrollarse públicamente.

“La denuncia ya está presentada, fundada y probada en el expediente. Es allí donde debe resolverse, esté yo en el recinto o no”, expresó.

La respuesta a ATE

El comunicado se conoció luego de la posición difundida por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional San Martín de los Andes, en relación con el proceso iniciado contra el intendente.

En respuesta, López Oronoz y su abogado patrocinante, Enrique Bartolomé, buscaron despejar lo que consideran una confusión central: el Convenio Colectivo de Trabajo no forma parte de la denuncia.

Según explicaron, el pedido de juicio político no solicita la derogación, suspensión ni revisión del convenio, ni cuestiona salarios, escalafón, carrera administrativa o estabilidad de los empleados municipales. “Ninguno de los seis cargos imputa conducta alguna a los trabajadores municipales ni a su representación sindical”, sostuvieron.

La presentación apunta, según detallaron, exclusivamente a presuntas responsabilidades del Departamento Ejecutivo vinculadas con el sistema cloacal y la contaminación del Lago Lácar; la deuda con el EPEN y el corte de energía registrado el 7 de julio de 2026; el cumplimiento de una resolución del Tribunal Superior de Justicia; obras en el Cerro Chapelco; el funcionamiento de los mecanismos de control municipal; y el proceso participativo del Plan de Ordenamiento Territorial.

“Ninguna autoridad puede dejar de cumplir una decisión judicial”

Uno de los puntos sobre los que los denunciantes hicieron especial énfasis es el relacionado con el cumplimiento de una resolución del Tribunal Superior de Justicia.

Aclararon que ese planteo no cuestiona la legitimidad del Convenio Colectivo ni los derechos adquiridos por los trabajadores, sino que sostiene que cualquier autoridad debe cumplir las decisiones judiciales. Según el escrito, si una cláusula fue objetada judicialmente, corresponde buscar una adecuación a través de la negociación paritaria y no desatender lo resuelto por la Justicia.

“Sostener el cumplimiento de las sentencias no debilita al Convenio: es la única garantía de que lo que se acuerde en paritarias sea firme”, señalaron.

También remarcaron que, a su entender, los trabajadores municipales se encuentran entre los afectados por las decisiones que se cuestionan, y pusieron como ejemplo el corte de energía que dejó sin servicio a dependencias municipales.

Un proceso previsto por la Carta Orgánica

Frente a las críticas sobre el carácter institucional del juicio político, López Oronoz y Bartolomé remarcaron que se trata de un mecanismo expresamente contemplado por la Carta Orgánica Municipal, en sus artículos 137 a 144, y reglamentado por la Ordenanza 10313/2014.

En ese sentido, sostuvieron que su utilización no constituye un ataque a la institucionalidad democrática sino, por el contrario, el ejercicio de una herramienta prevista para controlar a las autoridades municipales, con etapas procesales, producción de prueba, descargo y derecho de defensa.

Otro de los puntos destacados fue que la procedencia del juicio político fue aprobada por unanimidad de los 11 concejales el pasado 6 de agosto, durante la Sesión Ordinaria N° 16. Los denunciantes remarcaron así que la decisión no correspondió a una minoría política ni a la denunciante.

Prueba y derecho a defensa

Ante la calificación de la denuncia como “infundada y maliciosa”, los autores del comunicado señalaron que la presentación incluye documentación y elementos de prueba que, según indicaron, deberán ser evaluados durante el proceso.

Entre ellos mencionaron documentación de la Cooperativa de Agua Potable, informes de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, actuaciones de la Administración de Parques Nacionales, presentaciones ante el órgano de control municipal, documentación vinculada al convenio con el EPEN y constancias relacionadas con los cortes de suministro.

De todos modos, remarcaron que no corresponde a los denunciantes determinar si la prueba resulta suficiente, sino que esa evaluación deberá realizarse en las instancias previstas por el procedimiento, junto con el descargo del intendente.

Pedido de prudencia

En su comunicado personal, López Oronoz hizo además un llamado a evitar cualquier situación de violencia durante la jornada del jueves.

“Ningún hecho de violencia, contra ninguna persona. La violencia no fortalece este reclamo: lo debilita y le da al proceso una excusa para desviarse”, expresó.

Los denunciantes señalaron que respetan el derecho de ATE a manifestarse y convocar a sus afiliados, pero pidieron que las expresiones se desarrollen sin violencia, agravios personales, obstrucciones al funcionamiento del Concejo Deliberante ni presiones sobre quienes tienen la responsabilidad de intervenir en el proceso.

Finalmente, ofrecieron a la conducción de la Seccional ATE el expediente completo y la totalidad de la documentación presentada, y manifestaron su disposición a revisar los puntos cuestionados junto con el gremio.

“San Martín de los Andes merece un debate a la altura de su historia: sin agravios, con los documentos sobre la mesa y con respeto por quien piensa distinto”, concluyeron.

La sesión especial del jueves 3 de septiembre será ahora el próximo capítulo de un proceso que, según establece la normativa municipal, deberá avanzar con el descargo del intendente y las posteriores instancias de investigación y juzgamiento previstas para estos casos.