Horacio Raguso cuestionó a concejales por sus posturas frente al pedido juicio político contra Saloniti

A pocos días de la presentación del intendente Carlos Saloniti ante el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, en cumplimiento del artículo 139 de la Carta Orgánica Municipal (COM), el abogado y contador público Horacio Raguso difundió un escrito en el que cuestionó las declaraciones realizadas por el concejal Santiago Fernández en un medio de comunicación de Neuquén y planteó fuertes críticas al tratamiento del pedido de juicio político.

Bajo el título “Cosas del juicio político IV”, Raguso sostuvo que existe la posibilidad de que otros integrantes del Concejo Deliberante compartan la postura expresada por Fernández y manifestó su preocupación por las decisiones que podrían adoptarse en torno al proceso.

Uno de los primeros cuestionamientos estuvo dirigido a la afirmación de que los vecinos que impulsaron los pedidos de juicio político podrían tener “intereses políticos”. Raguso calificó esta postura como una falacia ad hominem, al considerar que se apunta contra quienes presentan los argumentos en lugar de responder a los fundamentos de los planteos.

Según sostuvo, los seis puntos incluidos en el pedido de juicio político constituyen, a su entender, cuestiones “concretas, objetivas y demostrables”, vinculadas con situaciones que afectan a los vecinos.

La institucionalidad y el juicio político

Otro de los ejes de su crítica estuvo relacionado con la afirmación de Fernández acerca de que la eventual destitución del intendente podría afectar la institucionalidad.

Raguso planteó una interpretación contraria y sostuvo que el juicio político es, precisamente, una herramienta institucional destinada a proteger el funcionamiento de las instituciones y los derechos de los ciudadanos.

En ese sentido, cuestionó que la defensa de la “institucionalidad” pueda utilizarse como argumento para evitar que se investiguen las actuaciones de un funcionario electo.

El caso Chapelco

Respecto de las obras realizadas en Chapelco, Raguso hizo referencia a las declaraciones del concejal Fernández, quien —según el escrito— habría reconocido que se permitieron obras sin la autorización correspondiente y que posteriormente fueron autorizadas por el intendente.

El vecino cuestionó que una autorización posterior pueda, por sí misma, subsanar una actuación realizada previamente sin la autorización correspondiente.

Las deudas con el EPEN

Otro de los temas abordados fue la situación de las deudas y obligaciones de la Municipalidad con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Raguso cuestionó el argumento de que se trataría de una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y sostuvo que, desde su perspectiva, la situación debería analizarse dentro de la gestión general del Poder Ejecutivo municipal.

En ese marco, recordó su experiencia laboral en el Tribunal de Cuentas y señaló que, a su entender, debe diferenciarse un eventual error propio de las competencias de un funcionario del área económica de lo que considera un problema generalizado de administración.

También planteó interrogantes respecto del costo que representa el servicio eléctrico para el municipio y sobre la existencia de convenios con organismos públicos.

Saneamiento y el ENHOSA

Raguso también cuestionó la explicación vinculada con la situación del saneamiento y la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

Reconoció que la Planta de Tratamiento de Efluentes N° 1 fue realizada con aportes del organismo nacional, pero sostuvo que, en su opinión, la dependencia de fondos de los gobiernos nacional y provincial no debería utilizarse como explicación para los problemas actuales de gestión municipal.

El escrito incorpora además cifras del presupuesto municipal y del gasto en personal para sostener su argumento de que, según su interpretación, el municipio debería contar con herramientas propias para administrar sus recursos.

Otros tres puntos del pedido de juicio político

Raguso cuestionó además que, a su entender, no se hayan mencionado otros tres aspectos incluidos en la denuncia.

El primero está relacionado con lo que describe como una “conducta reiterada de desprecio” hacia organismos de control, entre ellos la Defensoría del Pueblo y el Contralor Municipal.

El segundo refiere a la situación del C.O.T., particularmente a la elaboración de actas de reuniones con vecinos e instituciones. Raguso cuestionó que las actas puedan reflejar contenidos diferentes de los efectivamente tratados durante esos encuentros.

El tercer punto está vinculado con el Convenio Colectivo de Trabajo y una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declaró la inconstitucionalidad de determinados artículos.

En este caso, Raguso sostiene que, pese al pronunciamiento judicial, posteriormente se impulsó un nuevo convenio que, según afirma, habría incorporado nuevamente artículos que habían sido declarados inconstitucionales.

Para fundamentar su cuestionamiento, cita el artículo 16 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, referido a los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad.

Además, plantea que algunos concejales que participaron de la aprobación de la ordenanza vinculada con el convenio deberían excusarse de intervenir en el tratamiento de ese aspecto del juicio político, al considerar que ya expresaron previamente su posición mediante el voto.

Críticas políticas y pedido al gobernador

En el tramo final de su escrito, Raguso cuestionó lo que considera una construcción política de la realidad por parte de funcionarios y dirigentes y sostuvo que existe una distancia entre los discursos públicos y las situaciones que, según su mirada, atraviesa la ciudad.

Finalmente, dirigió un mensaje al gobernador de Neuquén, al señalar que espera que, a partir del 11 de diciembre de 2027, tanto Carlos Saloniti como Santiago Fernández —en caso de continuar en la actividad política— no reciban cargos dentro del Estado.

“Que vayan al llano en la actividad privada y que no sigan viviendo de la nuestra”, expresó.

El escrito lleva la firma de Horacio Raguso, abogado, contador público y vecino de San Martín de los Andes.