El vecino Horacio Raguso cuestionó el proceso de juicio político y advirtió que no tiene confianza en el Concejo Deliberante

El abogado y contador público nacional Horacio Ragusso analizó el proceso de juicio político impulsado contra el intendente de San Martín de los Andes y expresó fuertes cuestionamientos al funcionamiento del Concejo Deliberante y a las condiciones en las que podría desarrollarse el procedimiento.

Durante una entrevista radial, Ragusso consideró que la presentación realizada por la vecina Valeria López Oronoz y su abogado, Quique Bartolomé, es “muy sólida” y plantea seis puntos que, a su entender, deberían ser analizados en profundidad. Sin embargo, manifestó dudas respecto del futuro del proceso y afirmó: “La verdad, no, cero confianza tengo” en el actual Concejo Deliberante.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la ordenanza municipal que regula el juicio político. Según explicó, la normativa establece que el denunciante presenta los fundamentos y las pruebas, pero luego no integra formalmente el proceso. Además, señaló que la sala juzgadora no estaría obligada a incorporar todas las pruebas ofrecidas por quien realizó la denuncia.

Raguso también puso el foco en el criterio de valoración de las pruebas. Explicó que el procedimiento contempla la denominada “íntima convicción”, diferente de la “sana crítica racional” utilizada habitualmente por los jueces. En su interpretación, esto significa que quienes deban resolver podrían adoptar una decisión sin estar obligados a fundamentarla del mismo modo que lo haría un magistrado.

Pedido de recusación a concejales

Otro de los aspectos centrales planteados durante la entrevista fue la posible recusación de concejales que, según Raguso, podrían haber intervenido previamente en cuestiones vinculadas con algunos de los temas incluidos en la denuncia.

El abogado mencionó presentaciones realizadas el 10 y el 12 de agosto y sostuvo que determinados concejales deberían apartarse de las instancias investigadora y juzgadora para garantizar la imparcialidad del proceso. Entre los nombres mencionados estuvieron María Laura Dapieve, César Meza, Marcela Valenzuela y Santiago Fernández.

Ragusso vinculó este planteo con el tratamiento de un convenio colectivo de trabajo municipal. Según relató, en diciembre de 2023 el Ejecutivo derogó un convenio anterior y presentó uno nuevo que, a su entender, volvía a incorporar artículos que habían sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Superior de Justicia. Señaló además que algunos de los actuales concejales habían participado de aquella votación y, por ese motivo, podrían existir motivos para solicitar su apartamiento.

En caso de que prosperaran las recusaciones, explicó que deberían intervenir los concejales suplentes, de acuerdo con lo previsto por la Carta Orgánica municipal.

Críticas a la situación económica municipal

Durante la entrevista, Ragusso también cuestionó la situación financiera de la Municipalidad y puso en discusión el argumento de que no existen recursos suficientes para afrontar determinadas obras y servicios.

En ese sentido, sostuvo que el presupuesto municipal ronda los 100.000 millones de pesos y afirmó que el problema estaría relacionado con la estructura del gasto, particularmente con el peso de la masa salarial. Según planteó, si alrededor del 70% de los recursos se destina a personal, queda un margen reducido para obras y prestación de servicios.

También cuestionó la necesidad de depender de fondos nacionales para resolver problemas que, según su interpretación, corresponden a la administración municipal. “Yo no quiero alguien que me toque las puertas. Yo quiero alguien que administre bien 100.000 millones de pesos”, sostuvo.

Señalamientos sobre horas extras y administración

Ragusso hizo referencia además a informes de la Contraloría Municipal y mencionó gastos vinculados con horas extras. Según los datos que expuso durante la entrevista, en un período se habrían registrado $1.749 millones en horas extras y un gasto mensual de $557 millones. También afirmó que más de 300 agentes percibirían adicionales por trabajo insalubre y, al mismo tiempo, realizarían horas extras, algo que consideró contrario a las disposiciones del convenio.

El abogado sostuvo que este tipo de información permite dimensionar la importancia del rol de los organismos de control y de las herramientas institucionales disponibles para los vecinos.

“Tenemos que estar muy atentos”, afirmó, al insistir en la necesidad de que el proceso de juicio político se desarrolle con garantías de imparcialidad y con un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas.

Raguso, quien fue concejal y ocupó funciones en anteriores administraciones municipales, también recordó su experiencia en el área de Hacienda y planteó que la discusión sobre los recursos municipales y su administración no es nueva. Según relató, durante su paso por el Ejecutivo, a fines de la década de 1990, había propuesto modificar la forma de utilización de los recursos tributarios y las regalías municipales.

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