La Cámara de Comercio de San Martín de los Andes exigió al municipio que explique el destino de la Tasa COM

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes presentó un requerimiento formal de información pública al intendente Carlos Saloniti para que el municipio explique cómo se determina el valor de la Tasa COM y cuál es el destino de los fondos recaudados por ese concepto.

La presentación fue realizada en el marco de la Ordenanza Nº 5661/04 de Acceso a la Información Pública y también fue notificada a la secretaria de Economía y Hacienda, Marta Bayardo, y a los integrantes del Concejo Deliberante.

Desde la institución señalaron que existen indicios de que parte de los recursos obtenidos mediante la Tasa COM podrían estar siendo utilizados para financiar el servicio de transporte público, a través del contrato suscripto con la empresa Expreso Colonia S.A., una finalidad que, según sostienen, no forma parte del hecho imponible previsto en el Código Tributario Municipal.

La Cámara recordó además que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que una tasa sólo resulta válida cuando su monto mantiene una relación razonable con el costo del servicio que retribuye y que los fondos no pueden destinarse a otros fines. En ese sentido, advirtió que, de confirmarse un desvío de recursos, la Tasa COM podría convertirse en un impuesto encubierto, figura que los municipios neuquinos no están facultados a crear.

En el requerimiento se solicita al Ejecutivo que, en un plazo de diez días hábiles, informe el costo real y documentado de los servicios que justifican la tasa, la metodología utilizada para calcular su valor, el destino detallado de los fondos recaudados durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026, y si esos recursos fueron aplicados, de manera directa o indirecta, al financiamiento del transporte público.

Mientras tanto, la Cámara informó que los comercios, industrias y prestadores de servicios asociados continuarán abonando la Tasa COM "bajo protesta", con el objetivo de preservar el derecho a reclamar judicialmente la devolución de los importes que eventualmente pudieran considerarse ilegítimos.

La entidad señaló que este pedido constituye el inicio formal de un expediente administrativo y advirtió que, en caso de no obtener respuesta o si la información resulta insuficiente, evaluará avanzar con acciones judiciales para acceder a la documentación solicitada, cuestionar la legalidad del tributo y solicitar medidas cautelares respecto de su cobro.

Finalmente, la Cámara aclaró que el planteo "no es contra la gestión municipal", sino que busca garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y defender los derechos de los contribuyentes, reiterando su disposición al diálogo institucional dentro del marco legal vigente.