Gobierno y universidades acordaron el financiamiento y buscan cerrar un conflicto de más de dos años

El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas alcanzaron un acuerdo económico destinado a destrabar la disputa por el financiamiento del sistema universitario.

El entendimiento fue formalizado este miércoles en el Palacio Sarmiento durante una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y dirigentes gremiales, quienes firmaron el acta que establece las nuevas pautas presupuestarias.

El principal punto del acuerdo es una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios. Del total, un 21,33% se aplicará en junio y un 3% adicional en octubre. Además, el Gobierno se comprometió a reabrir las negociaciones paritarias cada tres meses durante el resto del año.

El acuerdo también incluye una partida extraordinaria de 800.000 millones de pesos autorizada por el Ministerio de Economía para atender las necesidades del sistema universitario y aliviar uno de los principales reclamos del sector.

A su vez, se destinarán 50.000 millones de pesos adicionales a los hospitales universitarios, que se sumarán a los 80.000 millones ya previstos en el presupuesto 2026 para estos centros de salud.

En materia de becas, el convenio contempla un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras vinculadas a áreas estratégicas, mientras que los gastos de funcionamiento de las universidades tendrán una actualización del 20%. El acuerdo no incluye modificaciones para las Becas Progresar.

El entendimiento llega tras semanas de negociaciones y pone fin, al menos parcialmente, a un conflicto que se extendió por casi tres años y que incluyó marchas federales universitarias, clases públicas, tomas de establecimientos educativos, paros docentes, debates legislativos y una disputa judicial que aún continúa en la Corte Suprema de Justicia.

El conflicto universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad académica desde 2024, cuando una multitudinaria movilización en defensa de la educación pública marcó el inicio de una serie de protestas y reclamos por mayores recursos para el sector.

Las negociaciones estuvieron a cargo del subsecretario Alejandro Álvarez por parte del Gobierno y de las autoridades del CIN, encabezadas por su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y su vicepresidente, Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Aunque el acuerdo representa un avance importante para las universidades, la causa judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario sigue abierta y deberá ser resuelta por la Corte Suprema.

Con este entendimiento, el Ejecutivo y las universidades buscan garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior y encauzar uno de los conflictos más prolongados del actual escenario político argentino.