La Provincia fortalece la lucha contra el microtráfico con la reglamentación de la Ley 3488

El gobierno de la provincia del Neuquén reglamentó la Ley 3488 y completó un paso clave en la implementación de la desfederalización del narcomenudeo. La medida fue oficializada mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial, que aprueba la reglamentación de la norma y establece los mecanismos necesarios para su aplicación efectiva en todo el territorio neuquino.

La ley permite que la Provincia asuma la competencia en delitos de menor cuantía vinculados al tráfico, tenencia y comercialización de drogas, en el marco de la legislación nacional vigente. El objetivo es agilizar las investigaciones y optimizar la respuesta del sistema de seguridad y justicia frente a un delito que impacta directamente en los barrios.

El ministerio de Seguridad fue designado como autoridad de aplicación y tendrá un rol central en la articulación de políticas, recursos y acciones junto al Poder Judicial y otros organismos provinciales.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “esta reglamentación nos permite dar un paso firme en la implementación de una herramienta estratégica para la provincia. La desfederalización nos acerca al territorio, nos permite actuar con mayor rapidez y dar respuestas concretas frente a un delito que afecta directamente a nuestros barrios”.

Uno de los principales puntos de la reglamentación es la administración de los bienes y fondos decomisados durante las investigaciones. La normativa establece que esos recursos serán destinados a programas de prevención y rehabilitación de consumos problemáticos, al fortalecimiento de las políticas de seguridad —incluyendo equipamiento, capacitación e investigación— y al funcionamiento del sistema judicial.

“Cada recurso que se recupere del delito va a volver a la comunidad en forma de prevención, más seguridad y mejor capacidad del Estado para investigar y juzgar”, remarcó Nicolini.

La reglamentación también fija procedimientos específicos para la gestión de bienes secuestrados, que deberán ser inventariados, valuados y destinados a subasta, reutilización o destrucción en plazos determinados, bajo criterios de transparencia y eficiencia.

Además, se reguló el proceso de destrucción de estupefacientes, que estará a cargo del Poder Judicial y el ministerio de Seguridad, con intervención del Ministerio Público Fiscal. La normativa establece controles estrictos, plazos definidos y registros detallados para garantizar la trazabilidad y transparencia del procedimiento.

Desde el gobierno provincial destacaron que, en el primer año de implementación de la desfederalización, ya se registraron más de 100 condenas por microtráfico y multas que superan los 400 millones de pesos, afectando directamente la estructura económica de las organizaciones delictivas.

En materia de seguridad, las estadísticas oficiales indican una disminución del 27,7% en los delitos vinculados al narcomenudeo y una baja del 16,3% en el delito general. También se fortaleció la participación ciudadana con más de 2.200 denuncias anónimas recibidas.

En el plano operativo, las fuerzas provinciales realizaron más de 130 allanamientos y pusieron a más de 150 personas a disposición de la Justicia, además del secuestro de drogas, armas y vehículos.

La Provincia aseguró que la desfederalización permitió mejorar la eficacia de la persecución penal, optimizar recursos y fortalecer la coordinación entre las autoridades judiciales y de seguridad. Paralelamente, se avanzó en la desarticulación de kioscos narco, la recuperación de espacios públicos y el decomiso de bienes vinculados al delito.