La Justicia internacional interviene en el conflicto mapuche de Villa La Angostura y fija un plazo clave

El histórico conflicto territorial entre la comunidad mapuche Paichil Antriao y distintos actores en Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo, ahora con la intervención de la Justicia internacional.

La notificación, emitida el pasado 24 de abril, llegó en simultáneo con un movimiento en la Justicia local. Ese mismo día, el Juzgado Federal de Zapala intimó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a brindar explicaciones por la demora en resolver el expediente administrativo vinculado al reclamo territorial.

El conflicto lleva más de 15 años sin solución y tiene múltiples frentes abiertos. La comunidad Paichil Antriao mantiene al menos diez disputas por tierras en la zona, tanto con el municipio como con privados. El caso más emblemático es el del camping del Lago Correntoso, ocupado desde 2011 y ubicado a pocos kilómetros del centro de la localidad.

Mientras el municipio reclama ese espacio como propio, la comunidad sostiene que se trata de territorio ancestral y exige el reconocimiento de 91,63 hectáreas como área de ocupación tradicional. Ese planteo, sin embargo, fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia al no acreditarse las pruebas necesarias.

El trasfondo del conflicto incluye además la aplicación de la Ley 26.160, que suspendía desalojos en territorios indígenas mientras se realizaban relevamientos técnicos. Aunque esa norma fue derogada recientemente, el estudio territorial en cuestión ya había sido completado por la provincia y enviado al INAI en diciembre de 2023, aunque nunca obtuvo resolución final.

Desde el organismo nacional, su titular Claudio Avruj cuestionó ese relevamiento al señalar supuestas “irregularidades e inconsistencias”, una postura que es rechazada tanto por la comunidad como por el gobierno provincial, que respalda la validez de los estudios realizados.

Ante la falta de respuestas, la comunidad avanzó por dos vías simultáneas: por un lado, reactivó la causa ante la CIDH, y por otro, presentó un amparo por mora en la Justicia Federal. En esa presentación, se acusó directamente al titular del INAI de retener el expediente por “motivos políticos y racistas”.

El juez federal subrogante Ezequiel Humberto Andreani dio curso a la causa y ordenó al organismo nacional presentar en un plazo de cinco días un informe detallado sobre la demora, incluyendo cuándo se prevé resolver el expediente pendiente.

En este contexto, desde la representación legal de la comunidad consideran que la intervención internacional abre una oportunidad. “Es una posibilidad para que el Estado Nacional y Provincial se sienten en una mesa y le den una solución integral a los conflictos”, señalaron.

La CIDH también dejó abierta la puerta a una solución amistosa entre las partes, algo que ya se intentó en el pasado sin éxito. En una instancia anterior, se había avanzado en un acuerdo para el uso compartido del camping como balneario público, con participación de la comunidad en la gestión, pero la iniciativa no prosperó.